a medida intenta amortiguar el impacto negativo de los juegos de azar (que ha sido altamente promovido por el Estado) en las clases más necesitadas de Panamá. La iniciativa sólo habla de los casinos completos y no de las salas de tragamonedas. “Vamos a mejorar la propuesta”, ha explicado el diputado Rubio, luego de la polémica que desató su anteproyecto.
Por su parte, la Asociación de Administradores de Juegos de Azar se opone al proyecto por su complejidad para poner en práctica (cada panameño que ingrese a un casino debería llevar su declaración de renta) sino porque acarrearía perjuicios económicos. Raúl Cortizo ha declarado que esta ley puede generar una ola de juicios.
