a nueva amenaza de cierre de los bingos comenzó cuando la CPI de Permisos de la Cámara Municipal de San Pablo notificó a las salas para que comprueben documentación regular, incluyendo el certificado municipal. La CPI de Permisos concedió, inicialmente, un plazo hasta el 23 de junio para que los bingos presentasen los documentos que instruyeron los procesos de licenciamiento y once copias de los planos de los establecimientos. La edil Bilu Villela (PTB), calidad de presidente del Sindicato de las Empresas de Bingo del Estado de San Pablo (Sebesp), solicitó a la CPI la ampliación del plazo y la disminución a cuatro planos. Después de este plazo, los bingos serán fiscalizados.
Como los bingos venían teniendo dificultades en obtener sus certificados del municipio debido, al parecer, al secretario de Negocios Jurídicos, Villela y el parlamentario Paulo Frange (PTB) se reunieron con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Aloysio Nunes Ferreira, el día 12 de junio para pedir una solución al problema.
En la reunión, los camaristas se declararon en desacuerdo con la opinión del secretario de Negocio Jurídicos, Luiz Antonio Marrey, que afirma que los bingos son ilegales y recomienda que la municipalidad no de certificados a los bingos, salvo que hubiese una orden judicial para que el municipio los emita y, en este caso, la procuradoria del municipio debe correr contra tal decisión.
“Los camaristas alegaron que ese parecer perjudicaría su actividad que, según ellos, genera empleos y paga impuestos. Yo les indiqué que encaminaran una petición al secretario Marrey, lo que ellos hicieron. El secretario de Negocios Jurídicos denegó la petición de los ediles y el municipio impuso un decreto, basado exactamente en la opinión de los camaristas y dueños de bingos”, dijo Aloysio Nunes Ferreira en el Panel de Lectores del diario Folha de San Pablo.
Entonces, el día 28 de junio, el intendente Gilberto Kassab editó el Decreto 47.415, que determina que los bingos sólo pueden funcionar con permisos de la Justicia.
“Considerando el convenio firmado por la Secretaria Municipal de los Negocios Jurídicos (SNJ) en los autos del proceso administrativo en el 2003-0.236.271-8, concluyendo por la imposibilidad de concesión de certificados de funcionamiento para la actividad de “bingo”, salvo si así se determine por decisión judicial”, informa el texto.
A partir de la edición del decreto la Municipalidad comenzó a inspeccionar los bingos de la Capital, obligando a que cada bingo presentase un permiso jurídico individual de la Justicia, autorizando su funcionamiento y el certificado técnico de seguridad. Según el municipio, los permisos judiciales expedidos por la Justicia Federal y válidos en todo el país, perdieron legitimidad en la capital paulista. Los establecimientos que no estaban con los documentos regularizados fueron notificados a presentarlos en el plazo de cinco días hábiles bajo pena de clausura del local.
Las inspecciones fueron realizadas entre los días 10 y 14 de julio por los 31 submunicipios de San Pablo. Prácticamente, todos los bingos de la Capital fueron notificados, inclusive algunos de los mayores bingos de la Ciudad fueron inspeccionados por agentes inspectores, como el Imperatriz (Perdices), Matarazzo (Agua Blanca), Augusta y Pamplona, en los Jardines.
En la tarde del último jueves 13, fue realizada en la Cámara Municipal de San Pablo, una reunión convocada por el Sindicato de las Empresas de Bingo del Estado de San Pablo (Sebesp) con los camaristas Paulo Frange y Bilu Villela para tratar el asunto. Estuvieron presentes cerca de 100 representantes, entre empresarios, gerentes y abogados de bingos en la Capital Paulista.
En la interpretación de la opinión del secretario Luiz Antonio Marrey, los bingos tendrán que obtener una orden judicial para que el municipio emita los certificados, mismo así la procuraduría del municipio deberá correr contra tal decisión. Además de eso, el secretario de Negocios Jurídicos no reconoce los permisos judiciales expedidos por la Justicia Federal (válidas para todo el país) y está cobrando que cada bingo presente un permiso individual de la Justicia.
Una de las principales abogadas del sector que actúa en San Pablo, tiene un entendimiento diferente del secretario de Negocios Jurídicos de la Municipalidad de San Pablo.
“El efecto de la decisión judicial (permiso), concedida por un magistrado de la Justicia Federal, garantizando el funcionamiento del bingo ya es un reconocimiento de legalidad, por lo tanto, no hay necesidad de que el bingo realice una nueva acción judicial contra el municipio para la obtención de otro permiso obligando a la Municipalidad a conceder el certificado. Se está generando un conflicto de competencia, que no puede ser decidido por una secretaría municipal”, dijo.
El último viernes 14 de julio, dirigentes de las entidades ligadas a los bingos de San Pablo estudiaban cual sería la mejor alternativa para enfrentar esa amenaza de cierre de los bingos de la Capital. Seguir el parecer de un jurista renombrado, enjuiciar acción colectiva o acciones individuales en la Justicia contra la decisión del Municipio.
