Edición Latinoamérica
10 de Julio de 2020

Debate por un proyecto de ley para legalizarlas

Perú: Sigue el debate por las loterías ilegales

(Perú).- El presidente de la Confederación Nacional de Discapacitados del Perú, Wilfredo Guzmán Jara, señaló que existen distintos informes legales que concluyen que hay loterías que no tienen control alguno y esto podría derivar en una estafa masiva para los miles de clientes a nivel nacional.

L

uego de que la ministra de la Mujer, Ana María Romero, hiciera llegar una carta al presidente del Congreso, Marcial Ayaipoma, expresando su apoyo al pedido contenido en un oficio remitido a su despacho por Gloria Helfer Palacios, nuevamente se abre el debate sobre un proyecto de ley que favorecería a las loterías ilegales que operan en nuestro país.

Dicho proyecto, cuyo contenido aún no se ha hecho público, tendría como objetivo legalizar a empresas como La Lotería SAC, La Grande y Yala, que vienen trabajando al margen de la ley.

Se supo que quienes habrían elaborado el referido proyecto serían los parlamentarios José Luis Risco, Juan Valdivia Romero, Elvira De la Puente Haya y Javier Diez Canseco, quienes tendrían por objeto que se someta a consideración del Pleno la presentación de un proyecto de ley que regule el juego de loterías, de conformidad con el artículo 78 del reglamento del Legislativo.

Asimismo, la titular del Ministerio de la Mujer señala que ésta es una “oportunidad de subsanar este vacío legal”, ya que “contaría con los aportes del sector a su cargo”. Y es que en 2005 el Ejecutivo observó la ley aprobada por unanimidad por la Comisión de Producción y Pymes y luego por el pleno del Congreso. Aquella vez la ministra no apoyó la promulgación de esa ley.

Loterías como Yala y La Grande no cuentan con ninguna supervisión ni fiscalización de la Contraloría General de la República, por lo que su funcionamiento fue calificado por el Ministerio Público como estafas masivas y de peligro.

Esas empresas están auspiciadas por una asociación de discapacitados, cuando éstas no tienen la potestad de hacerlo, pues sólo las beneficencias están autorizadas a licitar los juegos de loterías, que son propiedad del Estado.

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