Edición Latinoamérica
22 de Octubre de 2020

Declaraciones de Garibaldi Alves Hijo tras la votación del informe de la CPI en Brasil

“La virtud mayor de la propuesta es hacer valer la ley para disciplinar los bingos o para excluirlos definitivamente de Brasil”

(Brasil).- Tras la votación del informe final de la CPI de los Bingos y con las discusiones que hubo por éste tener un anexo con proyectos de ley para la regulación del juego, las discusiones y opiniones enfrentadas son moneda corriente. El mayor representante a favor de la legalización es el vocero de la CPI, senador Garibaldi Alves Hijo, que en un texto de su autoría explica porqué cree conveniente la reglamentación de este juego.

El informe final que presenté a la CPI de los Bingos ha suscitado cuestionamientos: por un lado que pequé por exceso, por el otro que hice omisiones. A quienes reclaman el exceso por haber sugerido el testimonio de muchas personas, debo recordar que la CPI no tiene poderes para pedir testimonios. El informe se limita a apuntar elementos de pruebas recogidos por la CPI, que sugieren la práctica de crímenes por diversas personas, de las cuales hice un listado”.

“Cuando esos elementos probatorios resultaron consistentes y congruentes, llamé la atención del Ministerio Público, al cual le compete dar los desdoblamientos penales adecuados. A los que notan omisiones en el informe, les recuerdo que algunas personas no están en aquella lista exactamente porque las pruebas producidas por la CPI no fueron consistentes ni congruentes. Mismo así, y coherentemente con el propósito de todo lo expuesto a la nación, cité tales elementos de pruebas, transcribí declaraciones, pero no pude convencerme de que esas personas tuvieran contra sí, en el conjunto de nuestros trabajos de investigación, pruebas tan robustas cuando aquellas que conseguimos reunir en referencia a otros, por lo menos en lo que fue el blando de la investigación de la CPI”.

“Pienso que aunque nuestra investigación haya sido conducida con determinación, entregando al Ministerio Público y a la Justicia elementos probatorios valiosos para la penalización de quien fuera finalmente encontrado culpable, pero valiosa es la contribución que estamos dando al debate en torno a los juegos en el Brasil, con propuestas que ciertamente merecerán serena reflexión de la opinión pública nacional”.

“La CPI escuchó innumerables y calificados testimonios, de manera que nos dimos cuenta de la urgente necesidad de que el Congreso Nacional trate el asunto de forma definitiva, evitando de una vez la hipocresía de prohibir, permitiendo y facilitando, así, la asociación de los bingos al lavado de dinero, corrupción, evasión fiscal e ilícitos diversos”.

“El informe tiene anexado un proyecto de ley que trata como crimen, y no como simple contravención penal, todos los juegos de azar no autorizados por ley federal, con pena de hasta tres años de reclusión”.

“El proyecto define también al juego de azar como crimen antecedente al lavado de dinero: ocultar o disimular dinero o bienes provenientes del juego de azar pasa a ser crimen de lavado, y ahí la pena puede llegar a diez años. Con ese tema de fondo, me animé a proponer un proyecto de ley que disciplina a los bingos en todo el país. No se trata simplemente de autorizar el funcionamiento de los bingos, como hoy está ocurriendo. Se trata, al contrario, de prohibir el bingo irregular, y providenciar para que la actividad sea ejercida dentro de los patrones de la legalidad y de la licitud”.

“La línea maestra del proyecto es la disposición de que la explotación del juego de bingo es servicio público de competencia exclusiva de los Estados, que decidirán sobre la conveniencia de tener casas de bingo en sus territorios. Eso posibilitará a los Estados limitar los bingos a las ciudades turísticas o pedir su instalación en las grandes ciudades y regiones metropolitanas”.

“Los Estados recibirán 20% del valor recaudado por las casas de bingo, con lo que se pretende viabilizar una eficiente fiscalización, evitándose, con esa medida, las ilicitudes comúnmente asociadas al juego de bingo. De ese montó que le quedará a los Estados, 90% deben ser aplicados en la seguridad pública, especialmente para que se equipe a la policía y se construyan cárceles. Se estima que será recaudado alrededor de R$ 1,5 billones (U$S 673 millones) por año con las casas de bingo”.

“Por tratarse de un asunto controvertido, que divide opiniones, propuse entregar al electorado la decisión final en cuanto a la conveniencia de la regulación del juego de bingo, motivo por el cual el proyecto establece la realización de un referéndum, a la espera del cual queda suspendida la vigencia de la futura ley que el Congreso iría a aprobar. El referéndum sería realizado junto con las elecciones municipales de 2008. La virtud mayor de la propuesta es esa: iniciar la discusión, esclarecer la opinión pública, y, de una vez por todas, hacer valer la autoridad de la ley para disciplinar los bingos o para excluirlos definitivamente de Brasil”.

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