Román aclaró ayer que no descarta que, con la medida de un tribunal, sus dueños pongan en funcionamiento este establecimiento, pese a que el ayuntamiento les negó la Patente de Industria y Comercio y el uso conforme, en 2004.
Román alega que “estamos en el país de lo posible, donde las leyes a veces pasan a un segundo lugar y son violadas de manera flagrante, sin importarles que esta actividad funcione a menos de 100 metros de una institución educativa”.
En ese sentido, manifestó que el funcionamiento de esta casa de juegos debe estar avalado por los habitantes de la zona. Además de que los bingueros deben contar con la autorización del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, como lo contempla la ley nacional que regula esta materia.
Para finalizar, el consultor jurídico de la alcaldía precisó que ninguna de las salas de bingo establecidas en Valencia ha cumplido con esos requerimientos y todas funcionan sin ningún problema, “así que no es de extrañarse, repito, que suceda un caso similar, bajo el apoyo de ciertas autoridades que infringen la Ley”.