La iniciativa tuvo su origen en dos mociones parlamentarias, una de los senadores José García, Evelyn Mattehi, Carlos Ominami y los ex senadores Edgardo Boeninger y Alejandro Foxley, y otra, del senador Nelson Ávila.
En lo fundamental, establecen sanciones para los autores, empresarios, administradores, comisionistas o agentes de loterías no autorizados legalmente, quienes serán castigados con reclusión menor en su grado mínimo y multa de 100 a 300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
Asimismo, señala que quien comercialice, distribuya o instale en cualquier lugar -sean espacios públicos o privados que no sean casinos de juegos autorizados- máquinas tragamonedas, serán castigados con reclusión menor en su grado medio a máximo y multas de 100 a 300 UTM.