Perú: Cámara de Operadores de máquinas tragamonedas cuestiona las nuevas normas del Mincetur

Alberto Otárola se presentó ante el Grupo de Trabajo del Congreso que investiga la labor de la aplicación de la ley que regula los juegos de azar, como representante de la Cámara de Operadores, una asociación sin fines de lucro.

Según el asesor legal de esta asociación, las medidas judiciales son “irrevisables y cosa juzgada”, y por lo tanto no necesitan de la autorización ministerial para seguir funcionando.

Según el asesor legal, el central de los operadores es con el conjunto de normas legales (más de 32) que regulan la actividad de los juegos de azar, casinos y tragamonedas; por esta razón, dijo, debería reformarse la ley de todas las trabas monopólicas que regulan esta actividad. Pidió que sea el mercado el regule el juego de azar y máquinas tragamonedas.

Otárola se comprometió con el presidente de esta comisión, Jorge Mufarech, a hacer llegar a este grupo de trabajo el número de locales que tiene cada operador asociado a la Cámara, el número de trabajadores, los niveles de sueldo, pero previa consulta a los asociados porque él no estaba en condiciones de dar a conocer esta información.

Según estimaciones de las asociaciones que agrupan a los casinos y tragamonedas, los juegos de azar generan 50 mil empleos directos y unos 250 mil en forma indirecta. El asesor legal dijo que la institución que representa está en permanente contacto con los gobiernos locales y regionales, y la Policía Nacional y en algunos casos realiza acciones sociales conjuntas en beneficio de la población.

El congresista Mufarech solicitó que se remita también a la Comisión información el número de máquinas adquiridas, alquiladas, los ingresos percibidos y el pago del impuesto a la renta a la Sunat.

Moisés Haro Moisés Haro Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Operadores e Inversionistas de Máquinas Tragamonedas, ANOIMT, explicó en su intervención, que el Tribunal Constitucional sólo autorizó a operar a algunas empresas hasta enero de 2005, pero muchas se han acogido a las resoluciones que emitió este organismo, principalmente las empresas informales.

Responsabilizó de estos hechos a algunos malos funcionarios del Ministerio de Industria y Turismo que elaboraron un mal Reglamento porque ha permitido que muchas casas de juego presentaran acciones de amparo ante el Poder Judicial para seguir funcionando.