“Todavía hay tiempo para que el país cuente con un marco federal regulador de los casinos y de los juegos de azar en general, y con ello se supere el vacío que se tiene en la materia con la obsoleta legislación de 1947 que se presta mucho a la actuación discrecional y turbia de las autoridades”, señaló el legislador federal del distrito con sede en Puerto Vallarta, Javier Bravo Carbajal.
El diputado priista mencionó que “en un momento en el que país requiere de inversiones y fuentes de empleo, cada casino que se instale tiene a su favor una derrama económica tal que generaría ingresos fiscales del orden de 60 millones de dólares, por lo que vale la pena una nueva legislación en este punto”. Detalló que hay una propuesta legal para que tales aportes se orientaran en un 50% hacia los municipios, 30% a las entidades federativas y 20% a la federación, y con ello no generar problemas en contra de las autoridades municipales y sus habitantes.
En el caso de Jalisco, mencionó que hay una situación de mercado para que se pudieran instalar por lo menos dos casinos, si saliera adelante la iniciativa ya aprobada por la Comisión de Turismo en la Cámara baja, pero que aún no ha sido avalada por las comisiones de Hacienda y Gobernación.
El legislador federal dijo que la Cámara de Diputados federal “actuó con seriedad y realizó 50 estudios técnicos para analizar pros y contras de la legalización de los casinos”. En sus conclusiones, se destacaron como factores positivos la llegada de inversiones para la instalación de centros de apuestas de jerarquía internacional con su consecuente derrama económica en el país; mientras que también se tuvieron en contra los riesgos de generar “una ludopatía y una casinitis”, con sus rebotes en aspectos de delincuencia e inseguridad.
Sin embargo, hizo mención que para incidir de lleno en una vigilancia de la instalación y operación de los casinos, se tiene prevista la formación de un comisión inspectora compuesta por representantes de los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil, de modo que esto funcione como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; y con todo ello realizar un seguimiento permanente de estos giros.
Bravo Carbajal hizo memoria que en todo el debate generado se llegaron a tener pronunciamientos a favor por parte de las Confederaciones de Cámaras de Comercio (Concanaco) y la de Cámaras Industriales (Concamin), por lo que bien vale la pena que el poder legislativo de nuevo retome esta iniciativa.