“La provincia se opone rotundamente porque es ir en contra de la Constitución Nacional y Provincial. Combatirlo de ese modo es una forma de legalizar lo ilegal". En este sentido, el Interventor del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, Franco La Porta, explicó que "la Constitución Nacional, en su artículo 121, deja en claro que la explotación de los juegos de azar son poderes no delegados por la provincia a la Nación", y agregó que en "el artículo 37 de la Constitución de la Provincia se menciona que la explotación del juego está en manos del Estado bonaerense".
Por otra parte, La Porta manifestó que al juego ilegal hay que combatirlo desde tres ejes "desde el aspecto comunicacional, concientizando al público apostador acerca de la importancia de jugar oficial; desde lo comercial, implementando diferentes programas, como el de Corredores ambulantes y desde el aspecto normativo, implementando leyes y normas desde cada jurisdicción para el combate del juego ilegal".
Dicho proyecto, presentado recientemente en el Congreso por los Diputados Jorge Garrido y Hernán Damián, prevé crear un Instituto Nacional de Vendedores Ambulantes de Quiniela, con el fin de incluir a las personas que trabajan fuera de la ley, levantando juego clandestino.