lberto Rodríguez, representante legal de Camarero Race Track Corp., indicó ayer que se mantendrá la posición de que son los ganadores legítimos de la subasta hasta que la sorpresiva decisión en contrario que emitió el viernes en la noche el juez Enrique S. Lamoutte sea definitiva.
“Esa posición -agregó- se defenderá ante todos los foros disponibles, incluyendo los tribunales apelativos en caso de que Lamoutte insista en su posición de anular el resultado de la subasta y reabrir el proceso”.
Consistente con esa posición, Camarero no presentó oferta adicional el sábado, como propuso el magistrado tras invalidar la decisión de los bonistas y acreedores de seleccionar a este grupo como el ganador del proceso. En su lugar, radicaron una moción de reconsideración en la que invitan al magistrado a revisar la trascripción de la subasta para comprobar que se cumplió fielmente con el proceso aprobado por el Tribunal.
"Nuestra posición es de mucho respeto a Charles Cuprill como abogado conocedor de los procesos de quiebra, por lo que nos sorprende que no entendiera la reglas de la subasta", dijo Rodríguez al comentar los argumentos que presentó el presidente de Caribbean Thoroughbred Racing Company ante el juez Lamoutte para anular la subasta.
"Las reglas estaban aprobadas por el Tribunal. Alegar que no entendió las reglas nos sorprende", dijo el abogado, al reiterar que los representantes de los bonistas explicaron claramente las mismas antes de empezar la subasta. Aseguró que el hecho de que el grupo Camarero está listo para cerrar la transacción en pocos días, unido a la realidad de que son el único grupo que tiene una licencia otorgada por la Junta Hípica que les permitirá operar el hipódromo tan pronto se complete el proceso, fue uno de los criterios principales que tomaron en cuenta los acreedores en este caso para otorgarle la subasta, aún cuando ambas ofertas monetarias fueron similares.
Trascendió, por otra parte, que los bonistas -que en su moción de reconsideración se reiteran en que la subasta se hizo según las reglas aprobadas por el Tribunal-, ya han expresado que aún cuando Lamoutte acepte los U$S 67 millones que a última hora ofreció Caribbean se mantendrán en que la oferta de Camarero es mejor por la posibilidad real de un pronto cierre.
Tanto el financiamiento como la posibilidad de que Caribbean adquiera los activos de El Comandante mediante este proceso de subasta están sujetos a que dicha empresa logre que la Junta Hípica le otorgue una licencia para operar el hipódromo. El propio magistrado reiteró en sala el pasado jueves que aun cuando Caribbean gane la subasta no podrá prevalecer si para el 21 de febrero no consigue una licencia de la Junta Hípica para operar El Comandante.
Ya ese organismo gubernamental rechazó su solicitud porque fue radicada fuera de la fecha límite dispuesta para ello. Existe además el precedente de que la Junta rechazó por las mismas razones, de radicación tardía, otra solicitud de licencia de otro grupo interesado.
El 21 de febrero es la fecha dispuesta por el tribunal para confirmar el plan de reorganización de El Comandante según las disposiciones del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, al que se acogieron los propietarios del hipódromo el año pasado.
