España: La nueva Ley antitabaco afecta a casinos y bingos

El Congreso de Diputados aprobó la semana pasada la ley antitabaco, que entrará en vigor el 1 de enero, y que prohíbe fumar en los centros de trabajo, una norma que no financiará los tratamientos para poner fin al consumo. La ley obliga a bares, centros de ocio y restaurantes de más de 100 metros cuadrados a fijar zonas de fumadores. En los más pequeños, será el dueño quien decida si se fuma o no.

El gremio del ocio es el que más se verá afectado por la entrada en vigor de la Ley. En este caso, los casinos no se libran de la normativa. El gerente del Casino Electra Rioja, Pedro Justo García, admite que será “muy complicado adaptar las instalaciones lúdicas a la nueva ley. En primer lugar, tienen poco tiempo, sólo ocho meses y, además, tienen que ajustar la ley del tabaco con la normativa de los establecimientos de juego que obliga como mínimo a que se abra al menos una mesa de ruleta y una de naipes en cada casino. Esto conllevará que tendrá que abrirse una mesa de cada juego para fumadores y otras tantas para los que no son adictos a la nicotina. Y esto tiene que realizarse de manera, además, que un colectivo y otro estén físicamente separados”.

Esta separación física entre fumadores y no fumadores también se deberá respetar en el bingo, de forma que los no fumadores dispongan de un 70% del espacio total, y el 30% restante se reserve para los demás ya que el gerente de este casino descarta prohibir el tabaco en sus instalaciones -una posible salida para no tener que reformar el local- porque como indica, “tradicionalmente el juego y el tabaco van unidos, y prohibirlo es como invitar a que los clientes no se acerquen al casino”.

Pedro Justo García reconoce, finalmente, que la ley provocará incomodidades en sus clientes “aunque sólo sea por las obras del casino que, encima, tiene muy poco tiempo y es casi nuevo”.

La ley, que regula la venta, suministro, consumo y publicidad, reconoce que el tabaquismo en España es la primera causa aislada de mortalidad. España se une así a países como Irlanda, Noruega o Italia, que tienen las leyes más restrictivas y duras en esta materia.