La Caja Social de San Luis, Argentina, licitará la apertura de casas de juego en todas las localidades del interior, para contrarrestar el juego ilegal. El juego clandestino se extiende, en especial hacia las localidades del interior; por caso, en el Valle del Conlara se han abierto varias salas no están autorizadas por la entidad que rige la actividad.
Los improvisados casinos electrónicos abren sus puertas con habilitaciones municipales que al parecer se obtienen soslayando el detalle de que, a la vez, deben contar los dueños con la autorización más importante, la de la Caja Social.
De oficio, la Unidad Regional III de Policía empezó hace tiempo a averiguar cuáles y cuántos son los casinos y casas de juego electrónico habilitadas en las localidades que abarca su distrito. “Contestamos un pedido que hizo la Policía de Concarán, le informamos de todos los locales que están habilitados. Es un relevamiento que está haciendo la Policía motu propio por conocimiento de la ley de juegos”, indicó el gerente de la Caja Social de la Provincia, Armando Pueyo.
“Se está haciendo los relevamientos en las localidades a los fines de licitar salas de juego, como emprendimientos privados más pequeños para que esas casas que supuestamente están funcionando, se legalicen y se creen fuentes de trabajo”, indicó Pueyo.
El funcionario relativizó la importancia de los montos de dinero que se recaudan en las apuestas clandestinas. “Existe el juego clandestino, pero es muy poco; y las recaudaciones en los juegos legalizados se han ido incrementando”, aseguró el funcionario, y agregó que “es una cuestión de concientización” de los apostadores que eligen el juego en agencias y casinos oficiales y que en eso influyen las campañas “que se hacen en todo el país y tienen el mismo fin”.
El gerente de la Caja Social indicó que en el primer semestre de este año las recaudaciones por apuestas aumentaron un 80% respecto a las de igual período del año pasado. Meses atrás, la Policía desbarató en la ciudad de Justo Daract dos casinos clandestinos y le dio intervención a la Justicia. “Cuando tengamos el sumario policial y el expediente judicial terminado, podemos aplicar una sanción a los infractores”, dijo Pueyo cuando se le preguntó qué medidas adoptó la Caja Social en esos casos.