Edición Latinoamérica
20 de Octubre de 2020

Mediante una circular con instrucciones a los fiscales

España: La Fiscalía del Estado pide unificar criterios sobre sorteos ilegales

(España).- El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha remitido una circular a todos los fiscales para unificar criterios en la actuación del Ministerio Fiscal en la persecución de los sorteos ilegales, puesto que se ha puesto de manifiesto que existen “interpretaciones jurídicas dispares”.

E

n la circular señala que “se han llegado a cuantificar hasta un total de 34 asociaciones que explotan hasta 24 rifas ilegales, estimándose que entre todas mueven unos 100 millones de euros”. En este documento se analiza la naturaleza jurídica de los boletos o cupones de las loterías, cuyo tráfico ilegal es perseguido a través del delito de contrabando, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Conde-Pumpido indica que como argumento de defensa los imputados por este tipo de delitos suelen emplear su pertenencia a alguna asociación de discapacitados, por lo que anima a los fiscales a identificar a las personas que ocupan los peldaños superiores de estas organizaciones, “sin limitarse a localizar a los vendedores discapacitados de cupones”.

La circular explica que se ha detectado que en la actualidad no existe unidad de criterio en la actuación del Ministerio Fiscal, “habiéndose puesto de manifiesto interpretaciones jurídicas dispares en distintas Fiscalías”. Las discrepancias se refieren tanto a la consideración típica de las conductas en sí, como a la competencia, “existiendo Fiscalías que entienden que en los casos de organizaciones que operan en distintas provincias las causas deben ser instruidas por los Juzgados Centrales de Instrucción y enjuiciadas en la Audiencia Nacional”, señaló el fiscal.

El fiscal general subraya que con “relativa frecuencia, suele utilizarse como argumento de defensa el que los imputados pertenecen a Asociaciones legalmente constituidas y que se solicitó autorización para celebrar el sorteo”. A su juicio, “no es suficiente para convalidar legalmente la actividad de organización del sorteo ni que las Asociaciones que lo llevan a cabo se hayan constituido legalmente, ni que tengan entre sus objetivos sociales la promoción de discapacitados”.

Según el fiscal general, “ha de partirse de la necesidad de ponderar el grado en la escala de la organización que detenta la concreta persona imputada” y ’”es evidente que a medida que ascendamos en la estructura jerárquica menos dudas podrán plantearse acerca del conocimiento de que los boletos eran efectos estancados o prohibidos o de que se operaba sin autorización”.

“En todo caso -señala- habrán de evitar los señores fiscales que el rigor de la Ley penal se emplee en exclusiva frente a vendedores discapacitados sin ninguna capacidad funcional en la organización”.

También explica que, sin descartar una posible atribución competencial a la Audiencia Nacional para el conocimiento de causas por contrabando, los fiscales sólo informarán favorablemente en tal sentido cuando concurra alguna de las circunstancias que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial, “sin que la mera celebración del sorteo en varias provincias sea suficiente para postular la competencia de la Audiencia Nacional”.

Además, los fiscales habrán de promover en estos procedimientos, si no se ha realizado de oficio por el juzgado de instrucción, que se haga un efectivo ofrecimiento de acciones al Estado y, en su caso, a la ONCE.

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