uienes comercialicen y distribuyan -en espacios públicos y privados que no sean casinos de juegos autorizados- “equipos de autojuego” o tragamonedas, podrán recibir penas de hasta cinco años de reclusión según lo dispone un proyecto de ley presentado a tramitación por los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado.
La iniciativa dispone que los autores, empresarios, administradores, comisionistas o agentes de las loterías no autorizadas, serán castigados con reclusión menor en su grado mínimo y multas que van desde las 100 a las 300 UTM.
El proyecto que encabeza el sanador Carlos Ominami y que fue derivado a la comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara Alta, establece penas que van desde los 61 a 541 días de prisión y, multas de 11 a 20 UTM a quien juegue en loterías no autorizadas.
Asimismo, se incrementan las penas para los banqueros, dueños o administradores de estas casas de juego, desde la reclusión menor en cualquiera de sus grados, a reclusión menor en su grado medio a máximo. Por su parte las multas irán de 300 a 700 UTM.
El proyecto de ley en trámite, sancionará con multas desde las 50 a 100 Unidades Tributarias Mensuales a quien instale rifas u otros juegos en plazas, ferias o caminos públicos. El texto considera entre otros, la instalación en locales comerciales, ferias e incluso la vía pública, de diversos sistemas de máquinas tragamonedas, estimándose en unas 10.000 las existentes a lo largo del país. Estas se concentran particularmente en las comunas de más escasos recursos.
Según se indicó, se ha generado en Chile una actividad económica al margen de la normativa constitucional y legal vigente, de repercusión para la economía pública y una competencia desleal para las empresas de lotería, autorizadas por ley.
