Dicha decisión se tomó luego de que un estudio realizado por el Instituto demostrara que esta medida, que tiene vigencia desde el año 1989, iba en detrimento del público apostador y por lo tanto fomentaba el juego clandestino, ya que el apostador veía reducido el dinero de su apuesta.
"Esta resolución forma parte de la política que está llevando acabo el gobierno de Solá en la provincia de Buenos Aires, de combatir y erradicar el juego ilegal en territorio bonaerense", afirmó La Porta.