El gobierno mexicano canceló ocho de los 17 permisos para instalar casas de juego

Según la dependencia, con la nueva reglamentación aprobada recientemente podrá haber mayor control en los manejos financieros de estas empresas y transparencia en la operación de los mismos.

Sin embargo, la proliferación de las casas de juego clandestino (que operan similarmente a los casinos) se mantiene como un problema serio particularmente en las ciudades fronterizas, Monterrey, Distrito Federal y Guadalajara. Es preciso que la legislación que elabora la Cámara de Diputados otorgue mayores atribuciones a la autoridad para combatir más eficazmente estos juegos. Los denominados bingos mantienen su operación clandestina e itinerante para evitar la clausura y mantener su actividad irregular.

La reducción de permisionarios de este tipo que operan legalmente ha favorecido la concentración de los establecimientos y dos empresas controlan más de 50% de los mismos: Grupo Caliente (propiedad de Jorge Hank Rhon) y el grupo SIE.

Seis meses después de haber iniciado este sexenio, la Dirección de Juegos y Sorteos de la dependencia estableció la irregularidad en que operaban dichos establecimientos de juegos y censuró el otorgamiento discrecional de los permisos por periodos prolongados y la promoción de amparos que garantizaban su operación hasta por 25 años.

El diagnóstico que entonces fijó la secretaría se resumía en una frase: el juego ilegal cimbra y corrompe al país. En aquella ocasión, mayo de 2001, el director de Juegos y Sorteos, José Guadalupe Vargas Barrera, alertaba sobre sobornos y amenazas de que era objeto el personal del área para preservar los esquemas de operación.

De entonces y a la fecha, se han revocado ocho permisos, pero en al menos dos casos mantiene su operación en virtud de que se mantiene un litigio gracias a un amparo interpuesto.

Al referirse a los alcances de la nueva reglamentación, el vocero de la dependencia y quien fuera jefe de la Unidad de Gobierno en el momento que esta área elaboró el reglamento, Gonzalo Altamirano Dimas, destacó que con estas disposiciones se permite una mayor transparencia y mayor control en la operación de los establecimientos pues obliga a difundir aspectos financieros y organizativos de las empresas.

De entrada, las empresas que operen estarán obligadas al solicitar los permisos a hacer públicos los integrantes de la sociedad, así como el estado patrimonial, "precisando el origen del capital aportado a la sociedad, así como los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad”.

Asimismo deberán presentar un estudio que justifique la ubicación geográfica y la viabilidad financiera del establecimiento que se pretende instalar y explotar; mecánica de operación del sistema de apuestas, mecanismos de control de las mismas y reglas del juego con apuestas que se ofrezca al público. Deberá precisarse también la infraestructura tecnológica e informática, así como las políticas de soporte técnico a utilizar.

Otro aspecto que se prevé es que al constituirse la sociedad, los accionistas o socios deberán impedir que algunos de sus miembros, sean personas físicas o morales, radicadas en territorios con regímenes fiscales preferentes o jurisdicciones de baja imposición fiscal.

Cabe destacar que el reglamento aprobado ha sido impugnado por la Cámara de Diputados mediante una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el Poder Ejecutivo habría invadido las atribuciones legislativas del Congreso de la Unión. Gobernación ha manifestado que la obligación de reglamentar es exclusiva del Poder Ejecutivo.