Edición Latinoamérica
20 de Agosto de 2019

Suspenden las dos recientes resoluciones

Se mantiene la polémica por el juego en Tucumán

(Argentina).- La provincia de Tucumán sigue dando que hablar al ámbito del juego, ya que la renuncia del titular de la Caja Popular de Ahorros no pudo apaciguar los reclamos de los legisladores, que terminaron por lograr la suspensión de las últimas medidas firmadas por Juan Carlos Veiga.

E

l ministro de Economía de Tucumán, Jorge Jiménez, firmó ayer la resolución 828 que paralizó transitoriamente la ejecución de la ampliación a 1.000 del cupo de tragamonedas en la provincia. La decisión adoptada por el ex interventor de la Caja Popular, Juan Carlos Veiga, fue un trago difícil de digerir para el conductor de esa cartera.

“Esta intervención se encuentra estudiando el modelo de contrato a celebrarse en este tipo de negociaciones, con miras a darle mayor perfectibilidad para que contemple cabalmente los intereses de las partes”, dice uno de los puntos del texto firmado por el ministro, quien además aclaró que, por haberse hecho cargo recientemente de la conducción de la Caja Popular, necesita disponer “de un tiempo razonable para poder interiorizarse de toda la temática vinculada a este tipo de contratos”.

“Antes de viajar a Italia, el gobernador (José Alperovich) ordenó suspender todo; no hay convenios firmados que habiliten la instalación de las máquinas, salvo en un caso”, dijo el titular de Economía. En 2003 el cupo de máquinas habilitadas era de 935, incluyendo a 85 unidades cuyo uso estaba paralizado por la Justicia. Veiga amplió el cupo a 1.000 máquinas, redistribuyendo las que estaban cuestionadas por la Justicia y otorgando 65 cupos nuevos.

Jiménez señaló que desconocía la existencia de la habilitación de la Caja para las empresas que explotan el servicio de juego. “Me sorprendió la decisión, pero creo que está dentro de las facultades de la intervención”, puntualizó. “Por lo pronto -continuó el ministro- prefiero no decir nada más y que él (por Veiga) brinde las explicaciones del caso”.

El gobernador también reclamó una revisión integral del proyecto vinculado a la instalación de un millar de máquinas tragamonedas en el hipódromo. “Si está todo bien, seguiremos adelante con la iniciativa (impulsada por el Jockey Club y por Casino Club SA)”, dijo Jiménez. El proyecto fue cuestionado, entre otros, por la Coordinadora por el Patrimonio. En particular, por la instalación de un centro de convenciones en el parque 9 de Julio, que significaría para los tucumanos la pérdida de un amplio terreno destinado a espacios verdes.

“Escuchamos todas las críticas y atenderemos los reclamos que sean fundamentados”, atinó a decir el ministro. En el Ministerio de Economía se barajan tres alternativas para la construcción de un centro de convenciones con capacidad para 1.600 personas y con un costo de 5 millones de dólares.

Por otra parte, la prórroga del convenio con el Jockey Club para la explotación del hipódromo y la posibilidad de que se construya el centro de entretenimientos siguen preocupando a los legisladores. José Costanzo y Alejandro Sangenis presentaron un proyecto de resolución en el que se solicita al Poder Ejecutivo que se abstenga de firmar la prórroga del convenio. Según los legisladores, la decisión viola la Ley de Juegos de Azar y de las normas de Administración Financiera de la Provincia.

La propuesta sería incluida en la sesión de mañana, con el aval del resto de los legisladores, y prevé un pedido al Gobierno para que envíe a la Cámara toda la documentación sobre este tema.

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