Diputados mexicanos cargan contra el Ejecutivo por la Ley de Juegos y Sorteos

El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza anunció que el pleno de la Cámara de Diputados conocerá, a más tardar el próximo jueves, el acuerdo para interponer la “controversia constitucional” (conflicto de poderes) contra el Poder Ejecutivo de México, por la entrada en vigor del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El legislador informó que a pesar del exhorto hecho por la Cámara de Diputados el jueves pasado, el Ejecutivo no aplazó los tiempos por 90 días, ignorando "olímpicamente" a los legisladores. "Por lo pronto, lo que sigue es llevar el punto de acuerdo al pleno, a más tardar el jueves, para que se apruebe la interposición de la controversia contra el Ejecutivo y, después de eso, la representación de la Cámara deberá interponer la controversia contra los actos del Ejecutivo", señaló.

Gutiérrez de la Garza dijo que el procedimiento posterior es institucional, "ahí ya no tienen que ver los partidos, no es un caso del PRI, sino que es un trámite institucional el que debe seguir", y lamentó que el Ejecutivo hubiera ignorado el exhorto de los diputados, pero finalmente "sucedió lo que iba a suceder, que era ignorar la petición de la Cámara, algo que han hecho muchas veces y ahora siguieron haciéndolo".

El reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos fue publicado el 17 de septiembre y su entrada en vigor estaba contemplada para el 15 de octubre.

Gutiérrez de la Garza aseguró que la autorización del punto de acuerdo para interponer la controversia "no debe tener problemas", luego de que la aprobación del exhorto para posponer la entrada en vigor del reglamento tuvo 282 votos el jueves pasado y se requiere la mitad más uno de los legisladores para iniciar el trámite, es decir, al menos 251.

La controversia deberá ser interpuesta ante el Poder Judicial a más tardar 30 días después de la entrada en vigor del reglamento.

Los diputados solicitaron el pasado jueves posponer la entrada en vigor de reglamento porque contraviene disposiciones, ya que en muchos casos va más allá de la ley como al aprobar modalidades de juegos y sorteos que no están consideradas en la legislación. Gutiérrez de la Garza dijo que el reglamento no establece que los premios no reclamados tengan un destino de asistencia pública, como el de la Lotería Nacional. Además, tampoco se contempla la participación de estados y municipios, y en un artículo transitorio justifica legalmente todos los permisos otorgados con anterioridad al nuevo reglamento.

El nuevo reglamento prohíbe las máquinas tragamonedas, el crédito a los apostadores y contempla la integración de un Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, que será coadyuvante en la aplicación de las políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas en esta rama.

Este Consejo, explicó Gutiérrez de la Garza, es el que permite al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, facultades metalegales, porque no tiene restricciones, ya que la integración la dispone el propio secretario de Gobernación.