México: los diputados piden frenar el reglamento de juegos

Los diputados mexicanos exhortaron ayer al poder Ejecutivo federal a que postergue la entrada en vigor del reglamento de Ley Federal de Juegos y Sorteos, porque consideran que el mismo abre la puerta a la instalación de casinos y centros de apuesta por TV.

Los legisladores aprobaron ayer un acuerdo por 282 votos a favor del PRI y PRD, dos en contra y 126 abstenciones del PAN, donde se pide al secretario de Gobernación, Santiago Creel, postergar por 90 días la entrada en vigor de este reglamento.

Durante la sesión, que se celebró en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y a petición de los diputados federales Héctor Gutiérrez de la Garza y Claudia Ruiz Massieu, del PRI, y Arturo Nahle García, del PRD, se aprobó el exhorto que busca dar marcha atrás al reglamento publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación y que entrará en vigor este viernes.

El documento publicado en el DOF busca reglamentar las disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para la autorización, control, vigilancia e inspección de los juegos cuando medien apuestas, así como el sorteo en todas sus modalidades.

El diputado federal perredista Rafael Candelas Salinas sostuvo sobre este tema que “el exhorto busca frenar ese reglamento a la Ley vigente desde hace 57 años y la cual busca legalizar los llamados “telejuegos” y centros de apuesta denominados Parimuto”.

Salinas agregó además que el reglamento, que entrará en vigor hoy viernes, “rebasa las atribuciones de la Ley vigente y enturbia el proceso legislativo que busca aprobar una reforma que autorizará la operación de casinos en México”.

Sobre este tema, el diputado federal Arturo Nahle García indicó que en caso de que entre en vigor el citado reglamento, el camino legal de la Cámara de Diputados será ir por la controversia constitucional para derogar ese ordenamiento.

Nahle confió en que el presidente Vicente Fox ordene la no-entrada en vigor del reglamento, porque de lo contrario la vía que seguirá la Cámara de Diputados será iniciar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.