Ante las de moras en la apertura de la licitación internacional

Los futuros casinos de Santa Fe no habrirían sus puertas hasta el 2006

04-10-2004
Tiempo de lectura 3:59 min
(Argentina).- Debido al lento proceso burocrático, que deberá culminar con la adjudicación de la licitación por los tres casinos, las seis salas de bingo y varias salas de máquinas tragamonedas, las ofertas de juego en la provincia no estarían listas para recibir al público antes de finales del año próximo o comienzos del 2006.

A casi tres años de que se aprobó la ley que permitió la instalación de tres casinos, seis bingos y tres salas de máquinas tragamonedas en la provincia argentina de Santa Fe, la licitación aún sigue sin abrirse.

Sumergidos en una telaraña burocrática, los pliegos recién estarían listos a fines de este año, y lo más probable es que la licitación se produzca el año próximo. Claro que desde que se lance el proceso hasta que efectivamente se construyan e inauguren las salas de juego, se calcula que los casinos llegarán a Rosario, Santa Fe y Melincué recién a fines de 2005 o principios de 2006.

Según consideró el titular de la Lotería de Santa Fe, Daniel Sorrequieta, el llamado a licitación "depende de una decisión política del gobernador". Mientras tanto, los meses pasan y el casino sigue sin convertirse en realidad.

Una veintena de grupos inversores de España, Estados Unidos, Francia y Argentina ya manifestaron su interés por participar del futuro y postergado proceso licitatorio, y los tiempos administrativos del gobierno provincial se muestran en disonancia con la hipotética expectativa inversora.

Los borradores de los pliegos fueron terminados en mayo pasado y girados a Fiscalía de Estado para que emita el dictamen final, pero la comisión bicameral encargada del seguimiento de la instalación de casinos no logró reunirse hasta en la primera quincena de septiembre. Los legisladores demoraron meses en ponerse de acuerdo respecto a quién presidiría la comisión y el 11 de septiembre, formularon observaciones y sugerencias a los pliegos licitatorios.

A la demora que los legisladores le imprimieron al proceso, le siguió después un largo peregrinaje por distintos organismos del Estado. Las observaciones que hicieron a los pliegos fueron elevadas a las autoridades de la Lotería de Santa Fe. Una vez que éstas las revisaron se giraron al Ministerio de Hacienda, para que a su vez, le diera vista a la Fiscalía.

Sin las observaciones de la comisión bicameral, el dictamen de Fiscalía habría resultado ocioso; por lo que recién producidas éstas, y en tanto y en cuanto el Ministerio de Hacienda eleve a la brevedad las respuestas a las observaciones, la Fiscalía de Estado emitirá su opinión definitiva.

Sin embargo, el dictamen deberá llegar una vez cumplida la tarea de revisión y análisis de la totalidad de los pliegos. Aparejado a ello, existe otra cuestión pendiente: la tasa de ingresos brutos que deberán tributar los concesionarios.

La actividad casinos no figura entre los rubros tipificados en el Código Tributario provincial, y para ello, se requerirá del dictado de una ley que modifique el propio Código. La determinación de la tasa de ingresos brutos sería una necesidad por partida doble: haría a la previsibilidad del proceso y además le será de mucha ayuda a los oferentes. Es que quienes se presenten al proceso licitatorio no podrán elaborar una propuesta de canon a pagar sin tener todas las variables en claro, incluida la carga impositiva que deberán afrontar.

Cuando finalmente se decida la licitación, se requerirá de unos 30 días para elaborar el llamado a la misma y el plazo que importa de éste es el del momento de su publicación en un diario internacional, al que se considera el Día 0.

A partir de allí se deberán contar 60 días para que los interesados presenten sus ofertas, y luego otros 90 días para la adjudicación.

Suponiendo que la Fiscalía de Estado emita su dictamen antes de que termine este año y la licitación se decida el 1º de enero de 2005, el proceso de adjudicación no habrá terminado antes de julio. Aun así, imaginando que los adjudicatarios de la licitación comenzaran de inmediato las obras y éstas no sufrieran contratiempo o demora alguna, los casinos, hoteles y salas de convenciones previstos en la ley 11.998 en Rosario, Santa Fe y Melincué abrirían sus puertas hacia el final de 2005 o en el 2006.

Los pliegos que aún transitan su largo camino burocrático exigen que el casino en Rosario deberá integrar un mismo complejo con un hotel cinco estrellas y una sala de convenciones con capacidad para no menos de 2000 personas, en Santa Fe el hotel exigido es de cuatro estrellas y la sala para 1000 personas; en tanto en Melincué el hotel podrá ser de tres estrellas y un salón para 500.

A la construcción de dichos complejos, que en Rosario -según los borradores de los pliegos- deberán importar una inversión no menor a los 35 millones de pesos (unos 12 millones de dólares), 18 millones de pesos en Santa Fe (algo más de 6 millones de dólares) y 6 en Melincué (dos millones d edólares) con demanda de mano de obra durante su ejecución y posteriormente de empleados para el propio casino y el hotel, sobrevendría un circuito económico no necesariamente ligado a la casa de juego.

Los oferentes estarán obligados a presentar un primer sobre cerrado con antecedentes por el que no recibirán puntaje alguno pero que será definitorio. Entre los antecedentes los potenciales inversores para Rosario deberán acreditar un patrimonio neto no inferior a los 150 millones de pesos (50 millones de dólares), 75 millones para Santa Fe (U$S 25 millones) y 15 para Melincué (U$S 5 millones), demostrar que su pasivo no excede el 50 % del patrimonio neto y un capital suscripto e integrado de 40 millones (25 en Santa Fe y 7,5 millones en Melincué).

Entre quienes queden finalmente en carrera después de la presentación del primer sobre deberán presentar un segundo con la oferta técnica, que se calificará con el 70 % del puntaje final. El 30% restante corresponderá al tercer sobre, en el que deberán detallar la oferta económica, esto es el canon que proponen pagar a la provincia por la concesión.

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