Edición Latinoamérica
16 de Julio de 2019

Impulsado por el sector de máquinas tragamonedas

La Justicia desestimó un recurso contra la creación de la Lototrot y Promotrot

(España).- El sector pretendía frenar el proyecto de creación de las loterías hípicas, que fue reactivado recientemente. Esta es la tercera sentencia que se falla contra el sector de las tragamonedas, por lo que agentes vinculados a dicho proyecto ven más despejado el camino hacia su puesta en marcha.

E

l Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha desestimado un recurso de la Asociación de Comerciantes Operadores de Máquinas Accionadas por Monedas contra un decreto hípico del anterior Govern.

El sector pretendía con esta iniciativa frenar el proyecto de creación de la Lototrot y Promotrot, que ha activado la nueva mayoría conservadora PP-UM. Esta es la tercera sentencia que se falla contra el sector de las tragamonedas por el litigio de las nuevas loterías hípicas, por lo que agentes vinculados a dicho proyecto ven más despejado el camino hacia su puesta en marcha.

En el mencionado decreto se señalaba además al Consell de Mallorca como codemandado por haber firmado un convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma, según acuerdo plenario de marzo de 2002. En concreto se trata del decreto 33/2002 de 8 de marzo, sobre la creación del Consorci del Joc Hípic de Mallorca y atribución de la organización, la explotación y gestión de las apuestas hípicas externas, los juegos de promoción del trote y todas las actividades que estén vinculadas.

La sala, presidida por el juez Gabriel Fiol, ha desestimado el recurso por apreciar que "la tesis de la parte actora queda desnuda al descubrir que exige aquí lo que sólo cabe que desee legítimamente, esto es, no perder cuota de mercado".

En el fallo se considera que el decreto no se aparta de la ley 20/01 ni se incurre en desviación de poder, según sostienen los recurrentes. En cuanto a la argumentación de la demanda de que el decreto en cuestión es un acto administrativo, pero sin fundamento de entidad cualquiera, el tribunal señala que "no tiene en cuenta que el decreto 22/02 se acomoda a la ley 20/01 y uno y otro son posteriores al decreto 108/01".

Tampoco acepta la sala la tesis de que se vulnera el artículo 38 de la Constitución, como sostiene el sector de las máquinas recreativas, que ven en la explotación de nuevos juegos un perjuicio para los ya instalados.

El fallo señala que "el principio constitucional de libre empresa se vería afectado así, a juicio de la recurrente, indebidamente afectado por la competencia, lo que también carece de fundamento". Contra esta resolución no cabe recurso ordinario, según recoge el fallo que lleva fecha de pasado 18 de junio.

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