La medida entraría en conflicto con la Ley de Juegos

Puerto Rico: los hoteles se oponen a la retención del 10% en tragamonedas

(Puerto Rico).- Erin Benítez, vicepresidenta de la Asociación de Hoteleros, afirmó que el proyecto "asestaría un duro golpe a la industria de casino local, en momento en que ésta se enfrenta a múltiples amenazas".
04-06-2004
Tiempo de lectura 1:37 min
(Puerto Rico).- Erin Benítez, vicepresidenta de la Asociación de Hoteleros, afirmó que el proyecto "asestaría un duro golpe a la industria de casino local, en momento en que ésta se enfrenta a múltiples amenazas".

La Asociación de Hoteles y Turismo se opuso ayer a un proyecto que obligaría a los operadores de casinos y salas de juego a retener el 10% de los premios pagados en máquinas tragamonedas. Erin Benítez, vicepresidenta de la Asociación, dijo que la medida no allegaría a los 30 millones de dólares en fondos adicionales al erario que calcula el Departamento de Hacienda, y estaría en conflicto con la Ley de Juegos de Azar y sus reglamentos.

En una vista de la Comisión cameral de Hacienda, Benítez afirmó que el proyecto "asestaría un duro golpe a la industria de casino local, en momento en que ésta se enfrenta a múltiples amenazas". La legislación sustituiría la tasa actual, que puede ascender a 33%, porque la mayoría de los jugadores de tragamonedas no reportan las ganancias y nunca tributan ese porcentaje.

Con esta legislación, en cambio, el operador de las tragamonedas retendría automáticamente el 10% de las ganancias al momento de pagarlas. Benítez planteó que la medida violaría la Ley de Juegos de Azar porque delega en un tercero -en este caso los operadores de los casinos -el deber del Estado de cobrar las contribuciones.

"Los casinos, sin lugar a dudas, son una tercera parte que no tienen una obligación legal actual de retención", señaló. Indicó además que la misma viola la sección dos del artículo seis de la Constitución, que establece que es el Estado Libre Asociado, el único poder autorizado para imponer y cobrar contribuciones, y que sólo podrá delegar esa autoridad a los municipios.

"Antes de que nuestra Asamblea Legislativa pueda legalizar una delegación de poderes, encaminada a requerir que un ente privado cobre contribuciones sin tener un interés en la controversia, es necesario que sea aprobada una enmienda constitucional a tales efectos", reclamó.

Recordó, además, que no es el casino el que paga estos premios, sino la Compañía de Turismo, por lo que en todo caso sería esta dependencia la encargada de retener la contribución. Benítez indicó que la proyección de recaudos de 30 millones de dólares posiblemente sería menor al reducirse el volumen de juego en el casino e incrementar los gastos operacionales. "Lo impacta doblemente porque impide que el jugador que gana un premio juegue, como es bien acostumbrado".

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