Edición Latinoamérica
07 de Julio de 2020

Piden € 595.000 al Principado

Bingos asturianos reclaman una indemnización por falta de control

(España).- Las salas de juego piden una indemnización al Principado por su falta de acciones concretas tendientes a evitar el funcionamiento de salas ilegales. La Conserjería de Hacienda asegura que los controles existen, pero que funcionan salas clandestinas.

L

os empresarios del sector del bingo exigieron al Principado de Asturias un mayor control sobre las salas de juego y las loterías ilegales. Los locales que tienen todos los permisos en regla viven una fuerte reducción en sus ingresos, y los propietarios responsabilizan por la crisis a la pasividad de la Administración regional.

Así que, tras realizar multitud de denuncias que no han sido atendidas, han decidido presentar una reclamación patrimonial, por 595.000 euros, suma que consideran perdida por este fenómeno.

La Asociación Empresarial del Juego del Bingo en Asturias (Asebi) ha sido la encargada de plantar cara al Principado. Las promesas de que la Ley Regional del Juego solucionen este problema no se han cumplido, y la organización se ha cansado de esperar. Por ello elaboraron un informe completo sobre el sector y lo adjuntaron a su reclamación.

También adjuntan los números de la Memoria Nacional, elaborada por el Ministerio del Interior, en la que están incluidas las seis salas de bingo legalizadas y repartidas entre Oviedo, Gijón y Avilés. Según este organismo, en el año 2002 cerró uno de los negocios y el balance es negativo.

Junto a toda esta información se incluye además el resultado de su investigación particular. Asebi tiene controlados todos los bingos clandestinos, que en Asturias rondan el medio centenar. También tiene datos sobre la cantidad de billetes que se venden, los premios que reparten y hasta el personal que emplean, la mayoría sin contratos de ningún tipo.

La reclamación patrimonial de 595.000 euros, que está basada en todos estos argumentos, aún está por resolverse. La Consejería de Hacienda remitirá el expediente al Consejo de Estado, que debe emitir una valoración. Este trámite es obligatorio pero su resolución no es vinculante, por lo que la Administración regional tiene libertad para resolver el caso.

A pesar de todos los informes, fuentes del Principado niegan las acusaciones lanzadas por Asebi. Un portavoz de Hacienda aseguró que no existe una dejación de funciones y que "cualquier medida que se adopte es poca para seguir tratando de erradicar el juego ilegal en Asturias". A su juicio, se está ejerciendo el control necesario aunque no niega que puedan seguir abiertos algunos establecimientos ilegales.

La versión de Asebi es muy diferente. Aseguran que llevan más de cuatro años presentado denuncias en Hacienda, pero que no emprendieron acciones complementarias a la espera de que entrara en vigor la ley del juego. Sin embargo, la aprobación de esta normativa no tuvo las repercusiones esperadas. "No han cerrado ni un sólo bingo ilegal", matizó un portavoz. Ahora la situación es más grave, porque precisamente esa ley encomienda a la Administración regional la función de policía encargado de controlar el juego.

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