México: Analizan un proyecto alternativo para casinos

Los integrantes del oficialista Partido de Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados analizan un proyecto de ley alternativo a los ya presentados para la regulación del juego y la instalación de casinos en México, siempre y cuando así lo decida la sociedad en una consulta nacional.

De acuerdo con el proyecto, el cual se encuentra actualmente en poder del Consejo de Desarrollo Económico de la fracción para ser analizado, no se permitirán apuestas de más de 90 mil pesos (unos 7.700 dólares estadounidenses); las mismas tendrán que ser en moneda nacional, y los permisionarios estarán sujetos permanentemente a vigilancia de personal de una comisión responsable.

Además, quienes posean centros de apuestas y juegos deberán entregar a la autoridad responsable de la vigilancia de estos lugares, informes financieros trimestrales y adoptar los sistemas de control que la ley determine.

En cuanto al sistema fiscal que se adoptará para los casinos y centros de juegos, la propuesta del PAN considera que se les aplicará un cargo por "derecho de licencia de 18%" sobre sus ganancias, las cuales serán distribuidas de la siguiente manera: el 4% se destinará al erario federal, 6% a los estados y 8% directamente para el municipio donde opere el casino.

En el proyecto alterno que le fue entregado a la Comisión de Desarrollo Económico panista se incluyen los riesgos que conlleva, a decir de Acción Nacional, la instalación de los casinos y las ventajas, el proyecto prevé que con una inversión de 2.000 millones de dólares, equivalente a la instalación de diez casinos, resultaría en la creación de 140.000 empleos directos. "A diferencia de lo que hoy ocurre con el juego clandestino, que no genera ingresos fiscales y propicia el lavado de dinero, con diez casinos se generarían aproximadamente 800 millones de dólares anuales por concepto de impuesto al juego", señala el texto. Además, añade, al regularizarse los sitios de apuestas existentes, se sumarían alrededor de 4.000 millones de pesos.

"La construcción de los casinos sería un detonador de la actividad productiva regional, además de que el equipamiento urbano, la prestación de servicios y la creación de insumos para la industria del entretenimiento generaría miles de empleos indirectos". Aunque el impacto en cuanto al número de turistas no es tan notorio, sí lo es en el incremento en el número de días de su estancia y en la derrama económica que generarían.

Para definir si es conveniente o no la instalación de casinos, los panistas proponen la aplicación de una encuesta nacional, la cual se realizará en alrededor de diez diferentes ciudades que cubran las diversas regiones del país a lo largo de cuatro semanas, iniciándose una semana después de ser presentada la iniciativa. La misma, dice el documento, "se presentaría con el aval de los integrantes de la Comisión de Turismo para que, con base en ella, se realice una consulta nacional con el apoyo de la Conletur (organismo que agrupa a los legisladores locales integrantes de las comisiones de turismo) para conocer la opinión de la sociedad específicamente sobre la nueva propuesta y en consecuencia, dictaminar en Comisiones Unidas y definir el tema".

Así se regularían casinos, salones de apuestas con ferias, salas de juego en números, centros de apuestas remotas, apuestas en peleas de gallos, carreras de caballos, en galgos, y en frontón y “jaialai”. No se permitirían juegos con apuesta que se realicen de manera virtual a través de cualquier medio electrónico y las máquinas tragamonedas sólo podrán estar dentro de los casinos.

Los panistas proponen la creación de uno de dos organismos propuestos para la vigilancia de la operación de los casinos. En la primera se prevé crear la Comisión Nacional de Casinos, que presidiría el secretario de Turismo y sería independiente de la actual Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, que continuaría regulando el juego tradicional y los sorteos. En la segunda opción propone crear la Comisión de Juegos con Apuesta, Casinos y Sorteos, que dependería de la Secretaría de Gobernación, dotada de autonomía técnica así como de facultades ejecutivas. En ambos casos participarían tres o cuatro representantes de la sociedad y los titulares de las Secretarías de Hacienda y Seguridad Pública.