Un estudio de la Cámara de Diputados mexicana, presentando esta semana, señala que el único acuerdo entre los sectores involucrados es la necesidad de controlar el juego. Según lo mencionado por el análisis, la instalación de casinos generaría división en el Gobierno, en la iniciativa privada y en la sociedad, frente a las consecuencias positivas, en materia económica, y negativas, por su impacto social.
Lo revelado por el estudio del Servicio de Investigación y Análisis de la División Política-Social de la Cámara de Diputados, y distribuido entre los legisladores de la Comisión de Turismo, se advierte que el único acuerdo entre los sectores involucrados en el tema es la necesidad de legislar para controlar de manera clara y estricta los juegos de apuestas.
"Esto con el fin de mitigar los efectos negativos, además de controlar los tipos de inversión, la operación de los casinos y el hecho de que existan beneficios para los habitantes de los lugares donde se instalen", se indica en el análisis.
El estudio valoró un total de 37 opiniones ser sector público, empresarios, ex funcionarios, investigadores y la Iglesia, y reconoce que la autorización de casinos en el país provocaría el incremento de la inseguridad, criminalidad y actos delictivos, como el lavado de dinero o la aparición de mafias.
"Estos problemas se asocian a otras problemáticas sociales como el vicio, la prostitución y el ocio. Éstas se relacionan con ciertas problemáticas patológicas de los individuos como deudas de juego, suicidios, delincuencia común y adicción al juego, formándose fenómenos sociales complejos", se explica en el citado estudio.
En el documento también se detallan las consecuencias positivas de la apertura de las casas de juego, como el impacto económico a partir del impulso al turismo, la creación de infraestructura y la entrada de divisas.
A pesar de que la iniciativa para permitir la instalación de casinos en México está lista desde principios de abril, las presiones y la falta de acuerdos entre los legisladores del PRI, PAN y PRD han impedido llevarla al pleno de la Cámara de Diputados.