Edición Latinoamérica
20 de Agosto de 2019

Imputación del juez Daniel Carniello

El titular de Juegos de Mendoza, imputado por fraude al Estado

(Argentina).- El juez de Instrucción Daniel Carniello imputó ayer por fraude a la Administración Pública en la modalidad de administración fraudulenta a un grupo de funcionarios, entre los que se destaca el actual titular del Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza, Miguel Alonso. La imputación es por un presunto cobro indebido de un sobresueldo denominado bonificación compensatoria.

E

l juez de Instrucción Daniel Carniello imputó ayer por fraude a la

Administración Pública en la modalidad de administración fraudulenta al titular del Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza, Miguel Alonso, entre otros funcionarios. Según transcendió en varios medios locales, la imputación es por un presunto cobro indebido de un sobresueldo denominado "bonificación compensatoria".

La medida también alcanzó por el mismo delito a Jorge Moravenick, ex

director del Casino de Mendoza; Jorge Luna, ex presidente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y Hugo Menéndez, ex presidente del Directorio de ese Instituto, según consta en la documentación judicial.

La denuncia fue generada por Orlando Sánchez, jefe de turno de la

sección Videos del Instituto de Juegos y Casino, al señalar que "los miembros del Directorio, el gerente general y el síndico cobraban el suplemento de la bonificación compensatoria establecido para los empleados del Casino de Mendoza y del Instituto como continuador de la relación laboral. ¿El cobro de este suplemento fuera del nivel escalafonario es violatorio?", afirmó Sánchez.

"Esto constituye una violación del artículo 29 de la ley 5.811 llevada a cabo por el Poder Ejecutivo y por las autoridades del Casino de Mendoza hasta abril de 1996, y del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, desde esa fecha en adelante", se aseguró en la demanda. "La ley mencionada establece las formas escalonadas para fijar los sueldos de los funcionarios", indicó.

Esta situación de ilegalidad denunciada por el pago de la bonificación compensatoria a los funcionarios de mayor jerarquía se retrotrae a la época en que el Casino de Mendoza era una repartición descentralizada, dependiente de Hacienda y conducida por un director y un adjunto, "quienes también percibieron ilegalmente el suplemento de la bonificación aludida, desde enero de 1992 a abril de 1996", según se indicó.

También señaló el empleado de Juegos "la inconstitucionalidad de los

otros decretos dictados ad referéndum de la Legislatura". Especialmente remarcó los decretos 1747/93, 1565/95 y 239/96, en los que se incluye a estos funcionarios para el cobro del beneficio.

De esta manera, el Gobierno "habría incurrido en violación a normas

constitucionales al arrogarse facultades legislativas, por lo que las

normas referidas serían inconstitucionales e insalvablemente nulas,

inexistentes", detalló.

Estas decisiones gubernamentales posibilitaron que los funcionarios de mayor jerarquía lograran cobrar, además del sueldo, el adicional. "Legalmente tienen prohibido percibir (el ítem), lo que se considera ilegítimo y ética y moralmente reprochable debido a que se han hecho pagar un suplemento que por ley no les correspondía, y cuyos fondos han sido extraídos de la ganancia del Instituto".

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