El Principado asturiano presentó sus alegaciones en el proceso para suspender el concurso del casino

Sigue en marcha el proceso judicial que Orenes-Franco presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Con él, el grupo murciano quiere volver a la pugna por el concurso para señalar la empresa que construirá el primer casino de Asturias.

Tras ser rechazado su proyecto el pasado 15 de diciembre -mientras que Comar y Ecorsa continúan en la disputa- Orenes-Franco presentó un recurso por vía de urgencia con la intención de suspender el concurso hasta que se resuelva sobre la justicia o injusticia de su expulsión. Fue admitido a trámite, y el Principado ya ha contestado.

Los servicios jurídicos del Ejecutivo regional presentaron el pasado lunes, tal y como les había pedido el tribunal, una copia del expediente concursal y las alegaciones a la demanda de la empresa. Los murcianos justificaban la tramitación de urgencia ante una situación de desigualdad en el trato que les dispensó la mesa de valoración. A su juicio, no se les dio la oportunidad de subsanar ciertos errores mientras sí la había tenido uno de sus competidores.

Además, consideran que el hecho de que su proyecto haya sido rechazado por tener como actividad complementaria un balneario también vulnera el derecho a la igualdad, ya que otros proyectos también contemplaban estructuras complementarias.

Las alegaciones del Principado son un misterio. Las explicaciones vendrán cuando el TSJA resuelva, lo que -aseguran- será pronto. La Consejería de Economía coincide con Orenes en esperar un pronunciamiento la próxima semana. Ambas partes creen que será el momento en el que el tribunal resolverá sobre la medida cautelar de suspender el concurso.

Sin embargo, en caso de que no se tome esa medida cautelar y se continúe con el proceso judicial, mientras sigue el concurso, puede ocurrir que éste se adjudique, y más tarde el TSJA dé la razón a Orenes.

Ante esta posibilidad, el Principado podría hacer dos cosas: retrasar la adjudicación del casino para no exponerse a una vuelta atrás con fatales consecuencias, o acelerarla para que, sea cual sea el pronunciamiento judicial, no haya posible vuelta atrás al estar muy avanzados los trabajos.

Sin embargo, ambas posibilidades son rechazadas por fuentes de la Consejería de Economía. Si no hay suspensión cautelar, el concurso seguirá, sin estar condicionado por una posible sentencia judicial desfavorable. "No podemos basar nuestro funcionamiento en hipótesis", señalaron fuentes de la consejería.