Edición Latinoamérica
25 de Agosto de 2019

Repercusiones por la anulación en Rio Negro

Una fuerte polémica judicial se generó tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Viedma, cuando este organismo decidió anular las indagatorias ya realizadas en la causa y apartó al Juez Bustamante de la misma.

L

a anulación de las indagatorias dispuesta por la Cámara de Apelaciones de Viedma en la causa sobre presunto cohecho en el negocio del juego administrado por el Estado en Río Negro, generó una polémica interna en el Poder Judicial, y puso en evidencia rivalidades y posturas jurídicas divergentes.

La anulación, que se conoció el viernes por la tarde, incluyó como sanción al juez Jorge Bustamante su apartamiento de la causa, y fue firmada por los jueces Liliana Piccinini, Ernesto Rodríguez y Ricardo Rodríguez Aguirrezabala, aunque sólo los dos primeros fundaron su voto.

Piccinini objetó la resolución de Bustamante por estimar que el juez no fundó debidamente el secreto de sumario, no permitió el acceso de los indagados a las pruebas porque se negaron a declarar o se limitaron a negar los cargos, dudó de que les hubiera explicado la imputación en su contra, y no accedió a escucharlos luego, cuando voluntariamente lo pidieron, previo al dictado de los procesamientos.

Rodríguez compartió su criterio y le agregó que el juez privilegió una hipótesis en detrimento de otras y no fundó por qué dio credibilidad a algunos testigos y no a otros.

Una referencia elocuente circuló ayer por el Poder Judicial de la provincia. Se recordó que la Acordada Nº 40/97 del Superior Tribunal de Justicia -que actualmente rige el procedimiento para la toma de declaraciones indagatorias en causas penales- contraría la postura expresada por la jueza Piccinini en la resolución que anuló las indagatorias en la causa de Lotería y los procesamientos consecuentes.

En la Acordada, los jueces del Supremo Tribunal de Justicia, Edgar Echarren y José Leiva, expresaron su opinión coincidente respecto de que no es necesario que el acta de la indagatoria registre la descripción del hecho que se enuncia al imputado, sino que “basta la constancia de que el juez lo hizo”. Más aún -añaden- cuando durante el interrogatorio está el abogado defensor del imputado y no consta que objete el modo en que el juez hizo la enunciación.

El tercer juez -que al momento de dictarse la acordada era el actual vocal Alberto Balladini- coincide en parte con la postura de los anteriores pero agrega que en el acta debería constar textualmente el modo en que el juez transcribiera los hechos imputados al indagado y enuncie las pruebas que existen en su contra.

Otros de los puntos que agitó ayer el debate es el referido a la cita -también de Piccinini- de un autor que sugiere que el juez no sólo debe decir qué prueba hay contra el imputado sino facilitarle “los medios adecuados para la preparación de su defensa”, es decir el acceso directo al expediente o copias de las pruebas. “De ninguna manera eso es así”, afirmaron varias fuentes consultadas, no sólo en la provincia de Río Negro sino también juristas de relevancia nacional, que hicieron notar que el Código de Procedimientos Penales rionegrino en ese aspecto no difiere de los vigentes en el resto del país.

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