Edición Latinoamérica
15 de Agosto de 2020

Más polémicas por la Ordenanza de Impuestos en Venezuela

Con la aprobación de la Ordenanza de Impuestos sobre Juegos y Apuestas Lícitas, el gobierno municipal de Valencia ya no recibirá 5.106 millones de bolívares por año, sino sólo 1.185 millones.

P

ara la presidenta de la Fundación para la Cultura de la Ciudad de Valencia, María Teresa Morín, y otras autoridades municipales, algunos concejales pretenden confundir a la población denunciando la supuesta desaparición de más de tres mil millones de bolívares del Fondo Socio Cultural.

A juicio de estos funcionarios, los ediles que hacen la denuncia pretenden desviar la atención del problema de fondo, que es la aprobación del Proyecto de reforma a la Ordenanza de Impuestos sobre Juegos y Apuestas Lícitas. Con el fin de hacer señalamientos definitivos referente a esta polémica, el coordinador general de Operaciones de la alcaldía de Valencia, Gustavo Urriola, ofreció una rueda de prensa junto con María Teresa Morín, y Luis Osío, director de Hacienda.

Allí manifestaron que algunos ediles intentan enlodar la gestión del alcalde Francisco Cabrera con la decisión del Concejo Municipal de bajarle los impuestos a los bingos, casas de juegos y agencias de loterías. Gustavo Urriola afirmó que, en la alcaldía, tienen las cuentas muy claras con respecto a los ingresos que, por vía de impuestos a los juegos y apuestas lícitas, recibe el municipio.

“Lamentablemente, algunos concejales han desvirtuado la situación, porque que el problema de fondo es la eliminación de recursos fundamentales para el municipio que están dirigidos al sector cultural, educativo y deportivo de Valencia”, añadió; y especificó que los recursos que han ingresado hasta el 30 de agosto por el cobro de esos impuestos superan los estimados en el presupuesto.

Urriola aseguró que el excedente que existe oscila entre los 800 y mil millones de bolívares y está disponible en la unidad del tesoro municipal. Informó además que, posteriormente, será convertido en recursos disponibles para el fondo, mediante créditos adicionales.

A Luis Osío, por su parte, le resulta suspicaz que hayan sido los concejales los que tomaron la iniciativa de objetar la ordenanza, ya que cualquier dueño de bingo podía solicitar su nulidad ante un tribunal Contencioso Administrativo. Y puntualizó que la reducción del impuesto que hizo la cámara municipal, que pasa de 10 a 4 por ciento, significa una disminución de recursos del municipio para los programas culturales. En números reales, el gobierno municipal ya no recibirá 5.106 millones por año, sino 1.185 millones.

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