Latinoamérica es una región que avanza a distintas velocidades en lo que se refiere al control del juego en línea. Mientras algunos países tienen leyes claras y estables para los operadores, otros carecen de una regulación que unifique los criterios.
Además, los mercados legales más grandes, como Brasil, Argentina, Colombia y Perú, tienen enfoques distintos para enfrentar el problema del juego ilegal. A continuación se verá cómo cada país equilibra la regulación de nuevos casinos online y el combate contra los que operan fuera de la ley.
La legislación de juego en Brasil apenas camina, pero ya tiene sobre sí amenazas de cierre. Lejos de centrarse exclusivamente en el combate al juego ilegal, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva habló de tomar medidas contra todos los casinos online durante un discurso televisado en marzo con motivo del Día de la Mujer.
Aseguró que trabajará junto con el Congreso y el Poder Judicial para frenar el endeudamiento de las familias provocado por las apuestas digitales y vinculó la problemática con la fecha, asegurando que las consecuencias económicas suelen recaer sobre las mujeres, aunque no son ellas quienes más participan en los juegos.
El discurso generó preocupación en el incipiente sector de juego brasileño y por eso la Asociación de Mujeres de la Industria del Juego (AMIG) respondió que el presidente no conoce a este segmento que genera empleo, ingresos fiscales y oportunidades laborales para miles de mujeres. De acuerdo a la organización, el mercado regulado ha generado aportes a la economía por cerca de 4.500 millones de reales en el último año.
Argentina no cuenta con una legislación nacional unificada y por eso se presenta como un rompecabezas legal para los casinos online. El código de casino online que sirve para una provincia no alcanza a otros distritos vecinos.
Frente a estas dificultades operativas, la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), en conjunto con los operadores, ha impulsado una iniciativa para que todos los sitios legales cuenten con la terminación ".bet.ar".
Esta medida ayuda a los jugadores a identificar plataformas autorizadas en un escenario tan complejo como el local. Ese dominio, junto con los logos de las loterías provinciales, se ha convertido en un marcador de juego seguro y legal.
Sin embargo, los casinos ilegales no tienen límites a la hora de engañar a los usuarios desprevenidos. Un ejemplo es que una plataforma ha sido denunciada por presuntamente operar sin licencia y utilizar de forma indebida el logo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) de la provincia de Buenos Aires.
Según la denuncia penal, el sitio usaba el símbolo del "grillo", que es un distintivo oficial del IPLyC, para aparentar legalidad, pese a no tener licencia. La causa incluye posibles delitos de defraudación y uso indebido de marca.
Colombia es uno de los mercados más maduros de América Latina en lo referente al juego en línea. La regulación está bajo el mando de Coljuegos, una institución que en los últimos años ha intensificado la lucha contra el juego ilegal y el juego problemático.
Por ejemplo, el organismo cuenta con un canal de denuncias a operadores ilegales. A través de su página web, los ciudadanos pueden hacer denuncias anónimas sobre locales de juego clandestino. Aunque se enfoca principalmente en los casinos ilegales físicos, da cuenta del esfuerzo del organismo colombiano por el combate contra el juego no regulado.
Además, como parte de su estrategia contra los problemas asociados al juego, Coljuegos promueve activamente mecanismos de autoexclusión y da orientación a través de un test de identificación de factores de riesgo, que ya fue aplicado más de 2.900 veces por jugadores que podrían enfrentar problemas de control.
En la misma línea, se espera que el regulador avance sobre la publicidad de juego este año, especialmente en lo que respecta a la promoción de plataformas de apuestas por parte de influencers y creadores de contenido.
Perú ha regularizado su mercado recientemente, pero el cambio ha sido tan positivo que, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la recaudación por impuestos del sector del juego presencial y online alcanzó 419,5 millones de soles entre enero y noviembre de 2025, equivalentes a aproximadamente 124,6 millones de dólares.
Desde que entró en vigor el nuevo marco regulatorio, la Ley de Apuestas a Distancia, el país ha autorizado la operación a 54 plataformas de juego online. Actualmente, hay registro de 320 proveedores tecnológicos y también se han acreditado ocho laboratorios internacionales para la certificación de los sistemas.
Llamativamente, el proceso de formalización del online también tuvo un eco en el presencial, ya que desde diciembre de 2024 se incorporaron 1.756 nuevas salas de apuestas, alcanzando un total de 4.583 locales autorizados en todo el país.
El crecimiento del juego legal es un gran paso que también conlleva un esfuerzo para combatir a los que no están regulados. En todo el 2025 se cerraron cuatro salas ilegales de casino, 13 locales de apuestas deportivas clandestinas y se destruyeron 557 máquinas tragamonedas que operaban fuera del marco legal.
Las autoridades también han intensificado la fiscalización del sector digital con el apoyo de la Policía Nacional y sistemas de denuncia pública.
A pesar de las diferencias entre los distintos países y de las trabas burocráticas, los operadores ven, en términos generales, una voluntad de cooperación con el mercado en la mayoría de los territorios regionales.
Brasil marca el compás, con decenas de licenciatarios que atienden a millones de jugadores y un debate constante sobre la presión fiscal del sector. Colombia, por otro lado, demuestra cómo los cambios regulatorios pueden surgir rápidamente mediante decretos y ajustes fiscales.
Argentina sigue enfrentando los desafíos de control derivados de su estructura federal, mientras que países como México, Paraguay y Uruguay comienzan a abrir o reorganizar sus mercados a través de licencias especiales.
Perú, en contraste, representa el ejemplo de una estrategia gradual orientada a consolidar la formalización sin provocar sobresaltos en el ecosistema, en un trabajo constante por beneficiar la operación legal y encontrar el deseado equilibrio.
En una región donde más del 80% de los jugadores apuesta desde dispositivos móviles, los gobiernos parecen haber entendido que el verdadero desafío no es solo prohibir, sino construir marcos regulatorios capaces de competir con el mercado ilegal