Costa Rica: La JPS reitera su solicitud de reforzar el plan para castigar la venta de lotería ilegal

Mariela Vargas Zúñiga, presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social de Costa Rica (JPS), solicitó a los diputados que integran la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que impulsen y fortalezcan las medidas del proyecto de ley que busca sancionar la comercialización de lotería ilegal en Costa Rica.

Es así, como el ente administrador de la Lotería Nacional reiteró su solicitud de dar celeridad al expediente 25.057, que propone una reforma integral a la Ley de Loterías y con el cual se busca regular no solo la venta ilegal de lotería tradicional, sino también las apuestas deportivas y los juegos de azar electrónicos.

Cabe recordar, que esta iniciativa fue redactada con el apoyo de la JPS y cuenta con la firma de 12 legisladores. 

"El plan establece un marco normativo claro para enfrentar las operaciones ilegales, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado, al lavado de dinero y a prácticas de corrupción. Con esta ley se pretende cerrar las brechas que han permitido la proliferación de negocios ilícitos, reforzando la capacidad reguladora del Estado en un sector especialmente vulnerable", indicó la presidenta durante su exposición ante los diputados.

Según Vargas, la falta de regulación sobre los juegos de azar ilegales provoca que la institución pierda cerca del 52% de sus ingresos potenciales, recursos que son vitales para el financiamiento de programas sociales y de salud pública.

Mariela Vargas Zúñiga

"Todos esos dineros están en la ilegalidad y no podemos percibir esos recursos. Nosotros no queremos ser un monopolio", declaró Vargas.

Ley vigente, desactualizada

Entre tanto, Marcela Sánchez, asesora legal de la JPS, recalcó que la actual Ley de Loterías fue aprobada en 1952, por lo cual está desactualizada frente a los nuevos modelos delictivos, especialmente los relacionados con las nuevas tecnologías, que se han intensificado en los últimos años.

Además, Sánchez sostuvo que legislaturas anteriores ignoraron la necesidad de reformar la normativa vigente o de avanzar con un nuevo proyecto, como el expediente 25.057.

Asimismo, remarcó que el actual proyecto continúa sin votación en la Comisión de Seguridad.

Dentro del proyecto se busca definir dos tipos de sanciones. Por un lado, las multas económicas para quien venda o comercialice loterías impresas o electrónicas, apuestas deportivas, video loterías o juegos de azar en cualquier modalidad sin autorización, podría tener una multa de cinco a diez salarios base mensuales, es decir, entre CRC 402.000 (USD 799) y CRC 2 millones (USD 3.978).

Por otro lado, contempla pena de prisión de dos a seis años, para quienes organicen, administren u operen estos productos de forma ilegal y con fines de lucro.

Por su parte, el diputado Gilbert Jiménez, uno de los proponentes del proyecto, defendió la iniciativa ante su impacto social: "La Junta de Protección Social es clave para financiar programas de ayuda social y salud. Pero hoy, más del 50% del mercado está en manos de productos ilegales. Este proyecto no solo combate ese flagelo, sino que protege a la ciudadanía y garantiza que los recursos lleguen a quienes más los necesitan".

Por el momento, el expediente 25.057 seguirá en discusión en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde aún podría sufrir modificaciones antes de ser enviado al Plenario para su votación en primer debate. La JPS ha realizado varias solicitudes al cuerpo legislativo para que apruebe el mencionado proyecto.