El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, anunció que el Gobierno de Gustavo Petro radicará la nueva reforma tributaria, bautizada como “pacto fiscal”, entre el 15 y 20 de agosto. Esta medida prevé gravar los juegos de azar, entre otros sectores, a través de nuevos impuestos.
En el marco de la presentación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 en el Congreso, el funcionario explicó que la nueva tributaria busca recaudar COP 26,3 billones (USD 6.300 millones), superando las expectativas iniciales y consolidándose como una de las propuestas más ambiciosas de su administración.
En esta línea, indicó que la reforma apunta a fortalecer las finanzas públicas y garantizar los recursos para el PGN 2026, que ascienda a COP 556,9 billones y crece en COP 40,6 billones respecto al año anterior.
Ministro Germán Ávila
La iniciativa propone ajustes al IVA, al impuesto al consumo y al impuesto de renta para personas naturales, además de gravar los juegos de azar, las plataformas de e-commerce y las iglesias. También introduce tributos especiales al carbón y al petróleo.
Según la prensa local, la reforma del presidente Petro enfrenta un panorama político complicado, con un Congreso reacio y elecciones cercanas que podrían obstaculizar su aprobación.
La recaudación proyectada, superior a lo anticipado, busca financiar un presupuesto en el que los gastos de funcionamiento predominan, pero las dudas sobre su viabilidad persisten. A su vez, la falta de cifras desglosadas genera incertidumbre sobre el impacto real de las medidas.
El trámite legislativo se iniciará en las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara. Sin embargo, el presidente del Senado, Lidio García, expresó su escepticismo sobre las posibilidades de éxito. “Presentar una tributaria ahora, ad portas de unas elecciones, no le veo muchas posibilidades”, afirmó en declaraciones a El Tiempo durante un encuentro con el procurador Gregorio Eljach.
Por su parte, exfuncionarios de Hacienda manifestaron que el Gobierno carece de los votos necesarios en el Congreso, donde la fragmentación y la cercanía de las elecciones de 2026 podrían causar resistencia a medidas impopulares como gravar el comercio electrónico o las iglesias.