La Contraloría de Chile prohíbe a casinos usar pólizas de seguro como garantía

La Contraloría General de la República de Chile instruyó a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) a ordenar que las sociedades operadoras que mantengan caucionadas sus ofertas económicas a través de pólizas de seguro, las reemplacen por boletas de garantía o vales vista en el plazo de 60 días hábiles. Esto es, antes del próximo 13 de octubre.

Cabe recordar que, en 2021, la SCJ habilitó a los operadores de casinos a reemplazar las boletas de garantía o vales vista que acompañan las ofertas económicas —tal como lo estipula la ley— por otro tipo de cauciones, como pólizas de seguro, en la medida que dicho instrumento sea igualmente irrevocable.

Sin embargo, la División de Fiscalización de la Contraloría ha advertido que ni la ley ni el reglamento contemplan la posibilidad de modificar las referidas boletas de garantía o vale vista por una caución de naturaleza diversa, como una póliza de seguro.

Frente a ello, y “habiéndose determinado específicamente los instrumentos aptos para garantizar las obligaciones de que se trata”, concluyen que “no resulta procedente que la SCJ admita al efecto otro tipo de cauciones”.

De acuerdo con el Diario Financiero, 15 las sociedades operadoras de casinos tienen garantizadas sus ofertas económicas con pólizas de seguro: Enjoy posee siete casinos caucionados —cuatro son propiedad de Casinos de Chile—, Dreams con cuatro, Marina del Sol con tres y Luckia con uno.

En este contexto, fuentes del sector dijeron al medio chileno que esto es “complicado para toda la industria”, dado que las pólizas de seguro valen un 25% de lo que cuestan las boletas de garantía o los vale vista.

Al respecto, la presidenta de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), Cecilia Valdés, comentó: “Modificar ahora ese criterio, incluso con procesos en curso, no sólo genera un costo financiero relevante, sino que daña la confianza legítima de los actuales operadores y desalienta la participación de nuevos actores al elevar artificialmente las barreras de entrada”.

“Esta decisión desconoce los tiempos y costos asociados a la obtención de garantías, y forzar el término anticipado de pólizas vigentes podría poner en riesgo la continuidad operativa de algunos casinos, afectando los ingresos de municipios y gobiernos regionales, con impacto directo en el desarrollo y el empleo local”, concluyó.