La Justicia exige al intendente de Escobar dar detalles sobre la sala de juegos que planea en Maschwitz

La jueza Mónica Edith Ayerbe, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Zárate-Campana, le solicitó al Municipio de Escobar, que lidera el intendente Ariel Sujarchuk, y a su Concejo Deliberante, información detallada sobre quiénes son las personas físicas y jurídicas vinculadas al proyecto de bingo que se busca desarrollar en la ciudad de Ingeniero Maschwitz.

Hay una investigación en marcha y, según informaron medios locales, el Gobierno municipal debe entregar los datos precisos sobre los responsables del proyecto, sus domicilios legales, acuerdos firmados, relación con la administración de Sujarchuk y documentación ambiental. La decisión judicial responde a una demanda presentada por un grupo de vecinos que alegan graves ilegalidades en la aprobación de la Ordenanza N° 6350/2024.

A su vez, la magistrada pidió esclarecer la propiedad de los terrenos donde se pretende construir el complejo, que también incluye la construcción de un hotel y un centro comercial, situado en una zona residencial rodeada de instituciones educativas y un centro de rehabilitación para personas con adicciones al juego.

La jueza Ayerbe fue explícita al advertir que, en caso de no recibir una respuesta adecuada y en tiempo, se tomarán por ciertos los hechos denunciados por los vecinos, lo que podría tener serias implicaciones para la continuidad del proyecto.

Intendente Ariel Sujarchuk

Polémica y oposición 

La iniciativa, impulsada por el bloque del PRO, se trató de forma exprés en el Concejo Deliberante, entre las fiestas de fin de año de 2024, con la oposición de los vecinos que denunciaron numerosas irregularidades en la puerta del recinto.

Uno de los puntos más críticos del proyecto es su ubicación. El predio elegido se encuentra a menos de 200 metros de dos colegios y a apenas 70 metros de un centro de rehabilitación de adicciones, donde se alojan personas en tratamiento por ludopatía. Esta cercanía generó el rechazo de organizaciones vecinales y habitantes de la zona, quienes desde entonces iniciaron acciones judiciales y administrativas para frenar la obra.

Los vecinos demandantes han sostenido desde un principio que la aprobación de la Ordenanza 6350 se realizó de manera irregular y en “tiempo récord”. Su principal argumento es que esta normativa, que habilitaría un emprendimiento de tal magnitud en una zona clasificada como residencial, ignoró procesos legales fundamentales.

De acuerdo a los denunciantes, el Concejo Deliberante “aprobó la ordenanza sin dar cumplimiento a los procesos de ordenamiento del territorio y de evaluación de impacto ambiental de forma previa a su sometimiento a votación”.

“Esto implica la omisión de estudios múltiples (ambientales, urbanísticos, territoriales, viales, etc.) y, crucialmente, la falta de instancias de participación ciudadana institucionalizada -audiencias o consultas públicas-, exigidos por la Ley General del Ambiente (N° 25.675) y la ley 8912/77 (Decreto-Ley de Ordenamiento de Territorio)”, añadieron.

Cabe mencionar que el empresario Daniel Angelici es el principal interesado en esta iniciativa, ya que busca trasladar, junto con los socios, su bingo de Ramallo a Escobar. Sin embargo, hasta el momento la provincia de Buenos Aires le negó el traspaso de la licencia.