La Comisión Mixta del Congreso y Senado de España para el estudio de los problemas de adicciones aprobó una Proposición de no Ley para que las máquinas de azar y tragamonedas cuenten con sistemas de identificación de identidad.
La propuesta, que había sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene como propósito controlar el acceso de menores de edad, así como de personas autoexcluidas y autoprohibidas a estos dispositivos y reducir las consecuencias del juego patológico.
La diputada socialista Olvido de la Rosa defendió la iniciativa y durante su intervención advirtió que las máquinas de azar o tragamonedas “no tienen ningún control para poder acceder a ellas, salvo el de los dueños de la cafetería o bar donde se encuentren”, quienes, si bien “tienen una responsabilidad, no pueden saber si la persona que está jugando es una persona autoexcluida o autoprohibida o es un menor, porque tal vez aparente ser mayor de edad”.
Por eso, el proyecto también establece que estas máquinas deben incluir un teléfono de atención y ayuda al juego problemático y al juego patológico.
La diputada argumentó que, según la encuesta sobre Uso de Drogas de Enseñanzas Secundarias en España, hay menores que en promedio empiezan a jugar con dinero a los 14 años. “De hecho, el 21,5% de los menores de entre 14 y 18 años declaró haber jugado con dinero de manera presencial u online en 2022”, detalló.
“Es un problema cada vez mayor. El número de jugadores de azar activos en 2020 fue de más de 1.481.000 personas, casi un 9% más que el año anterior, según el informe sobre trastornos comportamentales 2022 realizado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones de la Delegación de Gobierno. La cifra aumenta también entre los menores, tanto de forma presencial como online: los estudiantes juegan más con dinero a medida que cumplen años, agudizándose en periodos de estrés”, afirmó de la Rosa.
La proposición finalmente fue aprobada por 32 votos a favor y dos en contra.
La iniciativa recibió una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, que alertó sobre medidas similares en las comunidades autónomas.
“Ojo, cuenten con las comunidades autónomas que, en el ámbito de sus competencias, también disponen de normativa con el mismo objetivo de protección y promoción del juego presencial responsable”, apostilló la diputada María Torres.
Sin embargo, abogó por “seguir trabajando para garantizar un entorno digital seguro para los jóvenes” y por “seguir concienciando en el problema que supone el juego sin control”.