El PL 845/2023

Los senadores Kajuru y Mourão presentaron un nuevo proyecto para regular las apuestas deportivas en Brasil

Senadores brasileños Jorge Kajuru (izq.) y Hamilton Mourão (derecha).
13-03-2023
Tiempo de lectura 1:18 min

De acuerdo a lo informado la semana pasada, el Senado analizará un nuevo proyecto de ley que regula las apuestas deportivas en Brasil, hecho que fue considerado inconstitucional por analistas especializados.

El PL 845/2023 plantea reglas para que las empresas operen servicios de apuestas deportivas de forma regulada y legal, y fue presentado por los senadores Jorge Kajuru y Hamilton Mourão.

Los autores del proyecto exigen que las empresas tendrían que tener al menos una sede en Brasil, pagar 20 millones de reales (USD 3,8 millones) por una autorización de cinco años y recaudar impuestos sobre las ganancias.

En Rádio Senado, Kajuru afirmó que “es necesario tratar este asunto de forma urgente”, en referencia al hecho de que las empresas que actualmente operan en el país, no tienen una sede local. “En mi opinión, ya era hora de ocuparse de este tema, ante el vertiginoso crecimiento del mercado de las apuestas deportivas y a los problemas derivados de la falta de regulación. La falta de legislación específica llevó a las empresas a ubicar sus negocios en el extranjero, lo que genera pérdidas a las arcas públicas por la falta de recaudación de impuestos”, agregó

La propuesta, que prevé la inversión de parte de los impuestos recaudados en escuelas públicas, será remitida a las comisiones del Senado para su análisis.

Medida inconstitucional

Tras conocerse la noticia, Magnho José, presidente del Instituto de Juego Legal de Brasil y editor del portal de noticias BNLData, destacó que la Constitución Federal establece que es el Presidente de la República quien tiene la facultad exclusiva de dictar decretos y reglamentos para la fiel ejecución de las leyes.

Ante ello, los senadores Kajuru y Mourão presentaron una propuesta que sería inconstitucional, ya que el inciso IV del artículo 84 de la Constitución Federal establece que corresponde privadamente al Presidente de la República dictar dichos reglamentos. Al presentar la propuesta, los parlamentarios pueden haber tenido el objetivo de dejar claro su punto de vista, pero estarían obviando el orden constitucional.

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