Proponen prohibir a beneficiarios de planes sociales y deudores alimentarios, el acceso a salas de juego de Entre Ríos

Una senadora de la provincia argentina de Entre Ríos presentó esta semana un proyecto de ley que propone que se prohíba el acceso a casinos, bingos y salas de juego u otras formas de azar habilitadas en la provincia a todas las personas que sean beneficiarios de planes de asistencia social y a quienes posean deudas por cuota alimentaria definitiva fijadas por sentencia judicial.

De implementarse la iniciativa, la autoridad de aplicación sería el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), organismo que explota, administra y fiscaliza los juegos de azar en Entre Ríos, informó el sitio local El Entre Ríos. Según el texto presentado, el organismo a cargo de Silvio Vivas tendrá el deber de crear, en coordinación con el Estado Nacional, Provincial y Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, un registro informatizado y actualizado de las personas que deberían ser excluidas por estos motivos.

En caso de sancionarse esta ley, los casinos, bingos y salas de juego u otras formas de azar tendrán la obligación de solicitar el DNI a cada persona que quiera ingresar y cotejarlo con el registro informatizado, a los fines de permitir o prohibir su ingreso. Asimismo, se colocaría un cartel con el número de la ley y un texto alusivo a la prohibición.

La autora del proyecto de ley es la senadora por el departamento Diamante, Claudia Gieco, integrante del bloque “Frente Justicialista Creer Entre Ríos”. Como argumentaciones de su propuesta, expuso que se busca “cuidar el patrimonio, tanto del Estado como del beneficiario del plan de asistencia social, y de las personas destinatarias de aquel beneficio. 

Por otro lado, “proteger, con sustento en el interés superior del niño, las necesidades básicas de aquella persona en cuyo beneficio recae la cuota alimentaria”; y en tercer lugar “preservar la economía familiar y el desarrollo de una vida digna”.

El texto de la normativa también indica que, en caso de incumplimientos de parte de los casinos, bingos y salas de juegos, se aplicarían sanciones entre las que se incluyen apercibimiento; multas; suspensión de la habilitación para funcionar, clausura provisoria o definitiva del establecimiento. Las sumas recaudadas por la imposición de las multas serían destinadas a una cuenta especial de la autoridad de aplicación.

Por último, en el proyecto la senadora precisó que existen antecedentes de proyectos que perseguían fines similares, pero lo cierto es que al día de hoy no existe una normativa orientada en esta dirección, “que proteja la economía de las personas que resultan perjudicadas por el mal gasto de este dinero”, enfatizó.