La Justicia de Andalucía frenó la normativa de Cádiz que prohíbe las salas de juego cerca de las escuelas

El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma española de Andalucía anuló, mediante una sentencia, una normativa del Ayuntamiento de Cádiz que prohibía el funcionamiento de salas de juego y casas de apuestas a una distancia menor a 500 metros de escuelas, centros deportivos y socioculturales.

Según informaron medios españoles, la Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal aceptó los recursos que presentaron la Junta de Andalucía, la entidad mercantil Gestión de Juegos, S.L. y la Agrupación Gaditana del Recreativo (AGARE), contra la medida municipal que fue aprobada en febrero del 2020 y que modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Desde el Ayuntamiento de Cádiz han manifestado que evalúan apelar la decisión del tribunal, que en su sentencia argumentó que “las competencias en materia de juego son exclusivamente autonómicas”.

De acuerdo al fallo judicial, la medida tomada por el Ayuntamiento es “tan exagerada, tan desmedida, tan falta de justificación, que lo que debe concluirse de su exigencia es que el Ayuntamiento realmente ha pretendido con la Modificación Puntual la prohibición de nuevas aperturas de establecimientos” de juego y apuestas “y que la mayoría de los ya existentes, si no todos, pasen a la situación de fuera de ordenación”.

Asimismo, señalaron que la medida dictada no aprecia “ninguna razón imperiosa de interés general” y que la salud pública, en este caso, no justifica “la imposición de esa limitación, que en sí misma es, además, desproporcionada”, ya que “conduce a la imposibilidad de nuevas aperturas de salas de reunión que albergan actividades relacionadas con el juego de azar”.

Desde el tribunal refirieron también que, si bien comparten “la preocupación por los perniciosos efectos del juego patológico en general y más en colectivos vulnerables, como los menores”, desde el municipio de Cádiz no se ha aportado un informe que demuestre “un especial y muy grave problema de salud a causa de la adicción al juego que pudiera justificar la intervención municipal”.

Además, indicaron que la medida municipal fue “más allá” de lo que en un principio pretendían los grupos municipales que la propusieron.

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Cádiz, Martín Vila, refirió que el equipo de gobierno municipal estudia apelar la sentencia ante el Tribunal Supremo. “Agotaremos todas las vías que haya para defender el derecho que tenemos los ayuntamientos a ordenar el territorio, defender a los más vulnerables y proteger la salud pública”, sostuvo.

“Respetamos las decisiones de los tribunales, pero no compartimos en absoluto que se prioricen los intereses de las multinacionales del juego a la salud pública”, acotó.