La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) emitió el 5 de diciembre, un comunicado en el cual defiende su decisión de adjudicar el juego de apuestas deportivas a la empresa Daruma Sam, que opera las apuestas deportivas en el país bajo la marca Apostala.
El conflicto radica en que directivos de esa compañía son investigados actualmente por presunto lavado de dinero, según confirmó el fin de semana el fiscal del caso, Juan Ledesma.
De esta forma, se mantiene la polémica en relación a la licitación pública N° 01/2022, que dispone la explotación de las apuestas deportivas en carácter exclusivo en todo el territorio nacional, durante un período de cinco años.
La comisión, cuya presidenta interina es María Galván del Puerto, asegura en su comunicado que la decisión de adjudicar a Apostala dicha licitación se concretó luego de evaluar el monto del canon ofertado, la capacidad financiera y jurídica, los antecedentes y experiencia en la actividad licitada, y la garantía ofrecida. La entidad agrega que la firma de referencia cumplió con todos los criterios.
El comunicado dado a conocer ayer en la web, llega luego de que las dos empresas oferentes descalificadas presentasen recursos de reconsideración contra la adjudicación. Además, se da luego de que el fiscal Juan Ledesma confirmara al diario paraguayo ABC, el pasado fin de semana, que sigue la investigación a los directivos de Apostala por presunto lavado de dinero.
Uno de los accionistas de la citada empresa, Fernando Ribeiro (de nacionalidad portuguesa), dijo también a ABC el pasado fin de semana que emitirán un comunicado hoy, martes, respecto al proceso ante el Ministerio Público, y negó categóricamente que se esté lavando dinero en la compañía. La adjudicación fue otorgada a la empresa que presentó el porcentaje más bajo de canon para el Estado, con 22%, frente a 23% y 27% que ofrecieron respectivamente las otras dos oferentes descalificadas.