Uruguay podría sumar USD 10 millones anuales en recaudación y un 80% de “jugadores nuevos” regulando el juego online

El subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza, dijo a los diputados de la Comisión de Hacienda que estudian el proyecto de ley de juego online que “tienen demasiada creatividad. Se ha dicho que esto es la pasta base del juego, o que los rusos van a venir a invertir en plataformas”, planteó.

La iniciativa, enviada por el Ejecutivo en 2021 y que salió del Senado –con modificaciones– con el apoyo de todos los partidos, llegó tras varios meses de análisis a una etapa de definición: los diputados de la coalición se dieron plazo hasta el 30 de noviembre para resolver el asunto, ya que existen diferencias y propuestas alternativas de regulación.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) fue el miércoles la última delegación que recibió la comisión, por la que pasó dos veces el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como otros 12 actores –públicos y privados– vinculados al juego y las apuestas en Uruguay.

La intención del oficialismo es tomar una definición este mes y votar el proyecto acordado en diciembre en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, distintas fuentes dijeron que se prevé que el texto salga con modificaciones, por lo que deberá volver al Senado y su aprobación definitiva se postergaría para 2023.

Incluso la normativa podría sufrir cambios de magnitud, por ejemplo, con la creación de una nueva agencia reguladora de juegos de azar, propuesta incluida en un proyecto alternativo que Cabildo Abierto presentó a la coalición.

Entre quienes plantearon diferencias con el contenido del proyecto está el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, que dijo la semana pasada que los controles previstos para el juego online son “débiles” e “insuficientes”, lo que lo lleva a tener una “visión muy crítica”.

Por distintas cuestiones, durante el debate legislativo también Sebastián Andújar, del Partido Nacional, y representantes de CA –Sebastián Cal y Álvaro Perrone– mostraron dudas y reparos.

De aprobarse el proyecto de ley, serán únicamente los casinos ya instalados físicamente los que podrán operar juegos de apuestas en la modalidad online.

“Lo que se está promoviendo es un canal de juego online que, obviamente, ya sabemos que existe en forma ilegal”, dijo Irastorza, en referencia a las apuestas que pueden hacerse a través de internet en sitios internacionales.

“No se modifica para nada la tributación actual de los casinos. Esto va a ser una medida espejo de los juegos online con los casinos presenciales”, agregó al comparecer ante la comisión la semana pasada.

Ante una pregunta desde el Frente Amplio, el director nacional de Casinos, Gustavo Anselmi, dijo que “en principio el canon sería lo mismo que hoy abonan” los casinos, es decir que obtendrán la licencia para el juego online sin ningún pago adicional, aunque al crecer su recaudación sí habrá mayores ingresos para las arcas del Estado. “En la reglamentación y en la discusión, llegado el momento tendremos que ver si esos números cierran para ambas partes o no”, indicó.

Además, planteó que si bien “es muy difícil decir cuánto va a generar una actividad que hoy no se realiza legalmente”, la estimación del MEF es que “para el Estado anualmente queden aproximadamente diez millones de dólares” extras por el juego online.

Consultados sobre el sistema que deberá instalarse para recibir apuestas online, la delegación del gobierno rechazó el planteo de algunos legisladores para que haya una única plataforma controlada por el Estado.

“La idea” es tener “tres o cuatro” plataformas que “compitan”, dijo Anselmi, y anticipó que el Estado, a través de la Dirección General de Casinos, podría tener una propia, sumada a una de Enjoy, otra del “Hotel Carrasco” y una “del municipio [la Intendencia de Montevideo tiene el Casino Parque Hotel”.