El prestigioso diario brasileño Folha do São Paulo aseguró en una columna de análisis político, que el Senado quiere votar este año el proyecto de Ley para legalizar los juegos de azar en Brasil, con el fin de quitarle al presidente electo Lula da Silva, la responsabilidad de decidir sobre un tema controvertido.
Cabe destacar que el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, en febrero de este año y, desde entonces estaba dormido en el cajón del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, quien suele dar más tiempo a los senadores para analizar propuestas delicadas que han sido votadas, en algunos casos, “sobre la marcha” por los diputados.
La expectativa es que, en el Senado, el texto sea informado por el ex presidente de la Cámara, Davi Alcolumbre, que actualmente comanda la Comisión de Constitución y Justicia. Varios grupos de senadores especulan en que la votación, este año, funcione como una forma de mantener el posible desgaste del tema sólo sobre al gobierno de Jair Bolsonaro. Así, la gestión del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, no tendría que lidiar con la polémica de votar un texto mal visto por una parte de la población, especialmente los evangélicos, y seguiría teniendo el plus del potencial aumento de recaudación.
A pesar de la intención de programar el proyecto para este año, un ala de senadores defiende que sólo se vote el texto después de la regulación de las apuestas deportivas y electrónicas, visto como un paso previo a la legalización del juego.
El PL 442/91 prevé la concesión de licencias permanentes o temporales para la explotación de juegos de azar en Brasil, incluidos los bingos, los casinos, el "jogo do bicho" y los complejos con casinos integrados, así como las operaciones de turf.
El proyecto de ley fue informado en la Cámara de Diputados por Felipe Carreras, tras un exhaustivo estudio dirigido por el diputado Bacelar, en el seno del Grupo de Trabajo creado por el presidente de la Cámara, Arthur Lira, para discutir un marco legal para los juegos en Brasil.
Si el proyecto se aprueba tal y como está, cada estado podrá tener un casino, a excepción de Minas Gerais y Río de Janeiro, que podrán tener dos, y São Paulo, con tres. Debido a su tamaño, Amazonas y Pará podrían tener dos casinos cada uno.
El proyecto sigue permitiendo los casinos fluviales, siendo un establecimiento por río, con extensión entre 1.500 y 2.500 kilómetros; dos con ríos de extensión entre 2.500 y 3.500 kilómetros; y tres, como máximo, cuando el río se extiende por más de 3.500 kilómetros. El máximo sería de 10 unidades. Estas embarcaciones no pueden estar ancladas en un mismo lugar durante más de 30 días consecutivos.
El texto de Ley encuentra una fuerte resistencia en el ala evangélica del Congreso, que teme maniobras de blanqueo de dinero y el aumento de la adicción al juego.
La oposición también está en contra de la aprobación del tema,a y argumenta que los casinos no crean puestos de trabajo y no serán un gran atractivo para el turismo, sólo provocaría la concentración de ingresos.