Mayores controles al sector

España: el Senado aprobó la modificación a la Ley del juego

26-10-2022
Tiempo de lectura 1:18 min

El pleno del Senado aprobó hoy la reforma de la Ley del Juego, que refuerza el control sobre la manipulación de competiciones deportivas y el fraude de apuestas, a través del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), y que amplía la protección de los jugadores en riesgo.

Con 146 a favor y 113 abstenciones, la reforma fue aprobada definitivamente, aunque han sido rechazadas las 22 enmiendas que permanecían vivas, y que se han debatido esta mañana. En concreto, las diez del Grupo Parlamentario Democrático del Senado (GPD); dos del Grupo Mixto; una del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (GPIC); tres del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Bildu (GPERB); una del Grupo Nacionalista (GPN) y cinco del Grupo Parlamentario Popular.

Cabe señalar que la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

El 20 de octubre, la comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara Alta dio luz verde al dictamen al proyecto de Ley, que mejora la protección de los usuarios a los juegos de azar, principalmente de los menores o personas con problemas y adicciones, y también el control sobre la manipulación de competiciones deportivas y el fraude en las apuestas.

La reforma refuerza las funciones de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) para trabajar en colaboración con todas las autoridades competentes en esta materia, a través de un instrumento técnico, que es el llamado Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), donde se compartirá toda la información digitalizada.

SIGMA es un instrumento técnico que se ha constituido como una red de cooperación interactiva y accesible online, para las entidades que están adheridas al mismo, como las fuerzas de seguridad, el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales y los operadores de juego.

Con la reforma se establece que el Gobierno ponga en marcha el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, y que inste a la interconexión de los registros autonómicos a través de los correspondientes convenios.

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