“Existe expresa regulación para los juegos de azar online en Chile: están prohibidos y su explotación comercial es un delito”

Carlos Gajardo Pinto, representante legal del Casino Monticello de Chile, publicó una carta abierta en el diario La Tercera, de Chile, en la que expone su visión respecto a la proliferación de operaciones de juego online en el país, y explica su visión respecto a la ilegalidad de estas operaciones. A continuación, el texto completo de esta carta.

“Las plataformas de juego online y apuestas han iniciado una campaña para posicionar que su actividad en Chile no es que sea ilegal, sino que no está regulada, desplazando la responsabilidad a las autoridades nacionales”, expresó Gajardo Pinto, quien agrega que “contrario a lo que intentan posicionar, la ley es bastante clara en prohibir todos los juegos de azar a excepción, explícitamente establecida en el Código Penal, de la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, las apuestas hípicas y los casinos autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego”.

“La regulación parte en la Constitución (numeral 19 del artículo 63), que señala que el juego de azar y las apuestas solo pueden ser regulados por ley. La regla general la establecen el Código Penal (art. 275-277 y siguientes) que castiga con cárcel y multas a los que explotan juegos de azar sin autorización del Estado; y el Código Civil (1644) que sanciona con la ilicitud -objeto ilícito- las deudas contraídas en juegos de azar. Es decir, como regla general, la ley prohíbe que cualquier persona natural o jurídica explote los juegos de azar. Así las cosas, existe expresa regulación para los juegos de azar online: están prohibidos y su explotación comercial es un delito”, enfatizó el abogado.

“Actualmente en Chile operan al margen de ley cerca de 900 sitios web y plataformas de apuestas, además de otras páginas extranjeras que ofrecen juegos de azar en línea sin pagar impuestos y generando diversos riesgos para el consumidor y grupos vulnerables, así como otros a nivel económico como el lavado de activos. Esto contrasta con la actividad de los casinos que no solo pagan impuestos, contribuyendo en partes iguales a los municipios y gobiernos regionales donde se emplazan, sino que además generan empleos en regiones y toman una serie de resguardos para evitar la exposición de grupos vulnerables, como menores de edad y personas con comportamiento de juego problemático. Es de esperar que la voluntad de las plataformas apunte a contribuir también en esos aspectos, más que simplemente ingresar al mercado”, finalizó Gajardo Pinto.