La legalización del juego en Brasil se sostiene en el Senado ante los problemas presupuestarios del país

Antes de considerarse definitivamente "enterrado" por el Senado Federal, el proyecto de ley que prevé la regulación y legalización de los juegos de azar en Brasil ganó vigencia en los últimos días, y volvió a los debates parlamentarios.

Aprobado por la Cámara de Diputados en febrero, la propuesta llegó a los senadores con una fuerte resistencia, pero lentamente ese rechazo en algunos parlamentarios dio lugar a un nuevo análisis, debido al impacto económico que se espera con su aprobación.

Los defensores en el Senado evalúan que sería posible, sólo con la imposición de actividades actualmente consideradas como delitos menores, recaudar miles de millones de reales. Y se espera que la instalación de casinos, así como la expansión de negocios que actualmente operan en un limbo legal, como el juego online, permita la creación de miles de puestos de trabajo.

Precisamente, ante el importante impacto económico, los senadores estarían más abiertos a debatir la regulación. Un ejemplo se produjo la semana pasada, durante la sesión destinada a votar la propuesta de modificación de la Constitución (PEC), que pretende dar más seguridad jurídica al suelo salarial de las enfermeras.

Los senadores buscan alternativas para financiar el piso salarial para esta categoría de trabajadores, y una de las sugerencias fue la de buscar soporte en el juego, por lo que algunos parlamentarios aprovecharon la oportunidad para defender que la Cámara delibere sobre el proyecto de ley que legaliza el juego.

Y si bien la falta de recursos para el pago de los sueldos de la categoría fue uno de los temas responsables de reavivar la discusión, otro factor que pesa a favor del proyecto es el apoyo mostrado por Davi Alcolumbre, ex presidente de la Cámara. Alcolumbre es el actual presidente de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), y tiene una fuerte influencia en la Cámara Alta. El día de la votación del PEC, Alcolumbre exigió la deliberación del tema.

"Es muy importante que nos detengamos en este tema, porque el proyecto de ley que autoriza los juegos en Brasil será inevitablemente una fuente de ingresos, no sólo para cumplir con el piso salarial de las enfermeras", dijo.

El parlamentario recibió entonces el apoyo del senador Ângelo Coronel, que también es un gran defensor del tema: "No tiene sentido votar el suelo sin tener de dónde sacar el dinero para pagar. La legalización de los juegos, que se está tramitando en esta Cámara, puede convertirse en la solución al problema".

En una entrevista, Coronel dijo que Brasil es, hoy por hoy, "la excepción a la regla" entre las grandes potencias del mundo que ya han avanzado hacia la legalización del juego.

El parlamentario sostiene que las críticas al texto en el Senado son "falso moralismo e hipocresía". "Si esto aumentara la delincuencia, como defienden algunos, ¿se equivocarían todas las potencias del mundo y nosotros seríamos los correctos? Se trata de un falso moralismo que no se sostiene ni se sostendrá en Brasil. No podemos dejar de tener la legalización de algo que ya existe en Brasil. Es hora de regular, controlar y recaudar. Brasil dispone de herramientas para monitorear eventuales prácticas ilícitas. No veo un problema para esto, no podemos dejar como está Brasil hoy, una actividad que no deja un centavo a las entidades federativas. Esto es absurdo", continuó.

Pero cabe destacar que, a pesar de haber ganado supervivencia en los últimos días, la propuesta está lejos de avanzar en el Senado.

El proyecto de ley requerirá un gran esfuerzo por parte de sus defensores para acelerar el debate en torno a la cuestión y, quién sabe, construir un acuerdo para llevarlo a votación. Y es que, a día de hoy, el escenario sigue siendo desfavorable para su tramitación.

Uno de los principales articuladores contra el proyecto de ley es el senador Eduardo Girão, y fue a partir de su iniciativa que se creó en el Senado el Frente Parlamentario contra el Juego.

El senador cree que la legalización supondrá "un coste para la sociedad mucho mayor que cualquier beneficio".

"Los beneficios serán privados para los operadores de juegos de azar, y los costes serán para el conjunto de la sociedad", afirmó.