Coljuegos confiscó más de 150 dispositivos de juego ilegal en cuatro municipios colombianos

El regulador colombiano de juegos de azar, Coljuegos, en coordinación con la Policía Nacional, incautó 159 elementos de juego de suerte y azar que operaban sin autorización en los departamentos de Risaralda y Quindío.

Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de Pereira, Dosquebradas, Armenia y Montenegro, y se retiraron 55 máquinas electrónicas tragamonedas, 4 módulos de apuestas deportivas y 100 sillas de bingo. En el comunicado oficial del organismo, emitido este jueves, se asegura que estos elementos ilegales representan cerca de 2.654 millones de pesos colombianos (USD 677.505) que se dejaron de percibir por derechos de explotación que debían ser destinados a la salud pública del país.

En su comunicado, Coljuegos aseguró que este operativo es parte de la estrategia de lucha contra la ilegalidad “que adelanta la entidad en todo el territorio colombiano y que tiene como propósito fundamental garantizar que la industria de juegos de suerte y azar aporte cada día un mayor nivel de recursos a la salud de los colombianos”.

Coljuegos informó que se impondrán multas de 4.800 millones de pesos colombianos (USD 1.2 millones) a quienes resulten responsables de las operaciones ilícitas detectadas en el operativo. Esta cifra se calcula según el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, que señala que por cada máquina electrónica tragamonedas encontrada, se impone una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). En esta ley también se estipula que para los juegos de suerte y azar como los operados por internet, cuya operación se haga indirectamente o por contrato de concesión, la sanción será de 300 SMMLV, por cada establecimiento, punto de venta, expendio o vendedor.

Además estas sanciones económicas, la ley estipula la inhabilitación para operar juegos de azar durante 5 años, la destrucción de los elementos de juego sobre los que se adopta la medida cautelar de retiro y una pena de 6 a 8 años de prisión, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 312 del código penal.