Tras fallo del Tribunal Supremo

Puerto Rico: la Comisión de Juegos acusó a operadores sin licencia de obstruir la legalización de las tragamonedas en ruta

25-01-2022
Puerto Rico
Tiempo de lectura 2:24 min

La Comisión de Juegos de Puerto Rico (CJ) desmintió a los operadores de tragamonedas nucleados en la Coalición de Operadores de Máquinas de Videojuegos para Adultos (COMVA), quienes difundieron que el Tribunal Supremo había declarado nulos los reglamentos que regulan la industria de juegos de azar en ruta, cuando todavía no existe una sentencia firme al respecto.

“Concluir que el Supremo declaró ilegal los reglamentos, evidencia la intención maliciosa de manipular la verdad para burlar la ley, por parte de un grupo de operadores de máquinas, que no cuentan con licencias expedidas por la Comisión de Juegos, por lo que su actividad es una ilegal”, afirmó en un comunicado el director de la CJ, Orlando Rivera.

El referente del regulador del juego local, explicó que la Justicia ordenó de manera temporal la paralización de la implementación de los reglamentos que regula la industria de máquinas, conocidas como tragamonedas en ruta, hasta tanto el foro de mayor jerarquía evalúe los méritos del caso y pronuncie su determinación.

Confiamos en que el Tribunal Supremo, luego de analizar la totalidad del expediente, concluya que los procedimientos se han efectuado conforme a derecho y en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico, así como para beneficio del retiro de la Policía y la aportación del Plan de Salud por parte de los municipios”, detalló Rivera.


Orlando Rivera, director de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.

Los reglamentos impugnados temporalmente fueron aprobados por la Asamblea Legislativa y pasaron por vistas públicas, un periodo que se extendió por meses, por lo que estos tuvieron la oportunidad de expresarse en múltiples instancias. Luego de estos procesos, los reglamentos fueron aprobados y se tornaron vigentes desde hace dos años, de conformidad con las disposiciones transitorias que establece la Ley 81.

“Mientras 110 operadores se han regido por la ley y están cumpliendo con su deber ciudadano, este otro grupo persigue continuar por la libre, operando de manera ilegal. Estos han recurrido a radicar una demanda como subterfugio para dilatar el proceso de implementación de los reglamentos, que tendría el efecto de emitir multas e incluso, hasta radicar cargos criminales por violaciones de ley”, relató Rivera.

Desde la CJ estiman que existen alrededor de 100 mil tragamonedas operando de forma ilegal y que la implementación de la ley, con el cobro de licencias y el porcentaje de ganancias, significaría ingresos por US$ 260 millones todos los años.

Según la Ley, el 50% de los recaudos que genere la regulación destinará al retiro de la Policía de Puerto Rico, otro 45% para el pago de la partida del Plan de Salud del Gobierno que corresponde a los municipios y el restante 5% irá dirigido a la operación de la CJ.

La acusación de COMVA a la CJ

El portavoz de COMVA, Jaime Rivera Verdeth, tras el fallo del Tribunal Supremo a favor de Electronics Games Inc, solicitó al gobernador Pedro Pierluisi la destitución de Rivera, acusándolo de que "a sabiendas ha realizado transacciones ilícitas y contrarias a la ley que menoscaban la industria de las máquinas de videojuegos para adultos".

“El Tribunal Supremo de Puerto Rico observó la conducta de la comisión y comprobó que no es compatible la acción tomada contra los miles de operadores de máquinas de videojuegos para adultos que operan en la Isla. Esta es una industria que mantiene a más de 5 mil empleados, genera ingresos para más de 1.600 hogares y ayuda a cerca de 30 mil pequeños y medianos comerciantes que de otra forma no recibieron ingresos en momentos en que los huracanes, el terremoto y la pandemia han socavado las finanzas del comercio", declaró Verdeth.

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