Lo presentó el Departamento de Interior

El gobierno federal de EE.UU. apeló la sentencia contra el pacto de apuestas deportivas entre Florida y los Seminoles

Secretaria del Departamento de Interior de EE.UU., Deb Haaland.
24-01-2022
Estados Unidos
Tiempo de lectura 2:41 min

El gobierno federal de EE.UU. está preparado para apelar la decisión de un tribunal federal que anuló un pacto de juego de Florida con la tribu Seminole. Un juez federal del distrito de Columbia determinó en noviembre que el acuerdo, que otorgaba a la nación tribal el monopolio de las apuestas deportivas, violaba la ley federal del juego indígena.

Según Florida Politics, la secretaria del Departamento de Interior de EE.UU., Deb Haaland, ha notificado a un tribunal federal que ella y el Departamento de Interior tenían la intención de apelar la decisión. El miércoles se presentó una notificación para apelar la decisión en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, mientras que la verdadera apelación se presentó el sábado.

El anuncio en sí no reveló qué argumentos pretendían esgrimir Haaland y el Departamento de Interior. Haaland y el gobierno federal no habían anunciado previamente planes de apelación, permaneciendo en silencio desde la decisión del tribunal. La Tribu Seminole de Florida ya ha presentado su propia apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.

Una sentencia del juez Dabney L. Friedrich en noviembre anuló el pacto y lo invalidó, deteniendo así indefinidamente las apuestas deportivas y la expansión del juego prevista en Florida. Las apuestas deportivas fueron lanzadas por la Tribu Seminole y la marca Hard Rock Sportsbook el 1 de noviembre, y la tribu también planeaba transformar sus casinos de Broward y Hillsborough en locales del estilo de Las Vegas.

El pacto de juego de 30 años fue firmado el año pasado por el gobernador Ron DeSantis y contó con la aprobación de la Legislatura de Florida y de Haaland. El acuerdo preveía que los Seminoles pagaran al estado al menos US$ 2.500 millones durante los primeros cinco años a cambio del control exclusivo de las apuestas deportivas en el estado, además de la opción de añadir la ruleta y los dados a sus operaciones.

El acuerdo no tardó en ser objeto de protestas y controversias: los propietarios del Magic City Casino y del Bonita Springs Poker Room, y un grupo de demandantes, entre los que se encuentra el grupo No Casinos, presentaron demandas separadas contra Haaland, alegando que el pacto se había aprobado indebidamente, en un intento de bloquear la expansión del juego.

La sentencia de noviembre validó estos reclamos: según el juez del tribunal federal de distrito, el pacto violaba la Ley Federal de Regulación del Juego Indígena, que obliga a que las apuestas sancionadas por el estado se realicen en tierras tribales.

En virtud del acuerdo entre Florida y los seminoles, los apostantes podían realizar apuestas a través de dispositivos móviles en cualquier lugar del estado, siempre que se procesaran a través de servidores informáticos situados en la propiedad de la tribu. La cuestión era si esto constituía apuestas en territorio tribal, lo que, según Friedrich, no era así.

Jueza Dabney L. Friedrich

En su sentencia, la jueza federal calificó el modelo de Florida de apuestas deportivas a través de servidores en propiedades tribales como "una ficción", que no podía ser aceptada por el tribunal. "Cuando una ley federal autoriza una actividad sólo en lugares específicos, las partes no pueden eludir esa limitación "considerando" que su actividad se lleva a cabo donde, de hecho, no es así", declaró Friedrich.

En sus nuevos argumentos, el gobierno federal tendría que demostrar al Tribunal de Apelaciones que el pacto está efectivamente autorizado por la IGRA, y que las apuestas pueden realizarse fuera de las tierras tribales sin que ello implique una violación de la ley federal.

Los gigantes de las apuestas deportivas FanDuel y DraftKings han lanzado una petición para que los votantes aprueben las apuestas deportivas el año que viene, en una iniciativa electoral de noviembre de 2022. La iniciativa debe recoger 891.589 firmas válidas antes de la fecha límite del 1 de febrero. Hasta el viernes, la División de Elecciones del estado había recibido 403.252 firmas de petición para la iniciativa.

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