El proyecto para habilitar y regular las apuestas online en la provincia de Córdoba, que presentó en la Unicameral un sector de legisladores de Juntos por el Cambio a comienzos de esta semana, aún no tiene fecha de tratamiento en Comisión y es posible que no sea debatido en lo que resta del año. En el oficialismo cuentan con los votos necesarios para su aprobación, pero desde la prpopia interna adelantaron que priorizarán evaluar antes de su tratamiento, el impacto político y social que tendría dicha medida.
En consonancia con ello, la propuesta no paró de recibir cuestionamientos por parte de la Iglesia católica y del resto de los bloques opositores, incluidos cuatro de los nueve miembros de Juntos por el Cambio que no acompañarán el proyecto.
“El juego existe, aún en regímenes que no lo autorizan se practica: es nocivo, es una realidad y existe, lamentablemente. En la provincia de Córdoba no está regulado y, tarde o temprano, habrá que regularlo, pero lo estamos analizando y no sería tratado este año”, aseguró el presidente provisional de la Legislatura, Oscar González.
En tanto, dos parlamentarios provinciales del peronismo opositor, Mariana Caserio y Miguel Maldonado, que integran el bloque Hacemos por Córdoba, se pronunciaron en contra del proyecto. Los dos legisladores que pertenecen al oficialismo están cerca del senador nacional Carlos Caserio (del Frente de Todos, también opositor), y lo calificaron de “verdadero desatino”.
“Con el argumento de avanzar en la erradicación del juego clandestino, esta iniciativa no hace otra cosa que aumentar las ganancias de quienes desarrollan este tipo de negocios, con costos sociales preocupantes. En este momento, esta iniciativa es un verdadero desatino”, manifestaron.
Por su parte, desde la Iglesia se dio a conocer un nuevo documento en rechazo a que se regularice la actividad en Córdoba. Se trata de una adhesión de los cinco obispos de la provincia, a la postura vertida por la Pastoral Social, de la Arquidiócesis de Córdoba.
El documento fue firmado por el obispo de la diócesis de San Francisco, monseñor Sergio Buenanueva; por Ricardo Araya, de la diócesis de Cruz del Eje; por Adolfo Uriona, de la diócesis de Río Cuarto; por Samuel Jofré, de la diócesis de Villa María; y por monseñor Gustavo Zurbriggen, prelado de la Prelatura de Deán Funes.
El mencionado documento explica que “la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba expresó en varias oportunidades la preocupación respecto de la implementación de juegos de azar. Hoy nos vemos en la necesidad de volver a expresar nuestra preocupación”.
“Desde nuestra perspectiva y con conocimiento de muchas situaciones y realidades dolorosas, es un tema preocupante que tiene varias aristas. Atenta y perjudica directamente a personas con adicción al juego”, destacan más adelante, y comentan: “Es curioso que se debata un tema tan candente, a esta altura del año. La pandemia no terminó, la situación social es delicada... ¿Este proyecto refleja las prioridades sociales? Todos sabemos lo que significa diciembre. ¿Es el momento para un debate serio y profundo sobre este proyecto? En un país con el cincuenta por ciento de pobres y con un nivel educativo que se vio altamente perjudicado por la pandemia, nos parece apremiante repensar las prioridades. Urge generar leyes que favorezcan la creación de trabajo genuino y contribuyan a mejorar la educación. Invertir tiempo, energía y recursos para resolver el drama de la pobreza es lo esencial y prioritario”.
“Por otro lado -agregaron-, el juego atenta directamente contra la cultura del trabajo, ya que contribuye al empobrecimiento, al generar la ilusión irrealista de ganar dinero sin esfuerzo. Además favorece la adicción como patología: la ludopatía. Es delicado fomentar el juego como estructura lucrativa, ya sea por parte del Estado o privatizadas. El juego online favorece que las personas con ludopatía tengan acceso más fácilmente y por tanto se exponen más a aquello que les hace mal”.
“La pandemia ha dejado muchísimas consecuencias psicológicas -destacan sobre el final-. Está comprobado que aumentaron las adicciones. El Estado debe proteger al frágil, no exprimir su fragilidad. La adicción al juego es una enfermedad. Confiamos que se pueda dar un debate serio y responsable, y revisar las prioridades en aquello que la sociedad necesita para vivir mejor y salir de semejante crisis que atravesamos. Insistimos en que nos parece más imperioso y apremiante invertir esfuerzos y tiempo en crear leyes que favorezcan la cultura del trabajo y del esfuerzo. En esto tenemos que invertir con urgencia”.
Estas declaraciones, más los diferentes frentes políticos que se han ido manifestando, dentro y fuera del oficialismo, hacen pensar en que el costo político de la medida podría demorar la apertura del juego online en Córdoba, dejando fuera del negocio a una de las provincias más importantes del país, tanto a nivel poblacional como económico.