La propuesta para regular las apuestas online recibió fuertes críticas en Uruguay

El diputado Sebastián Cal señaló a la prensa local que “hay que ser muy cuidadosos con las modificaciones que se hagan sobre este tema”, al destacar su oposición a la apertura de las apuestas online por parte de los operadores de casinos físicos, tanto estatales como privados o mixtos, en el Uruguay.

En el Parlamento aseguran que el proyecto que el Poder Ejecutivo envió días atrás, para que el Estado pueda “directamente explotar el juego online” y autorizar a los casinos a que hagan lo mismo tiene nombre y apellido: Giuseppe Cipriani, el empresario italiano que comprometió una inversión hotelera muy importante en Punta del Este -aún en proceso- y que está interesado en tener una licencia para ofrecer, además de un casino físico, el servicio de las apuestas por internet.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por la Presidencia, que ingresó esta semana a la Cámara de Senadores, argumentan la necesidad de atender el “avance y trascendencia que los juegos a través de internet”, y prevén que se sigan desarrollando “en el futuro”. Por ello es que proponen autorizar a la Dirección General de Casinos a “explotar los juegos que tradicionalmente desarrolla a través de las plataformas tecnológicas, en el entendido (de) que gran parte de la actividad lúdica será ejercida -si no ya- en el futuro a través de las mismas”.

Fuentes del Partido Nacional aseguraron que el tema no ha sido discutido en bancada -ni del grupo ni de la coalición de Gobierno-, que ni siquiera se lo aludió informalmente, pero que está más que claro que “Cipriani, para poder hacer su negocio, necesita tener un casino online”.

Actualmente, la actividad está prohibida por el artículo 244 de la ley 19.535 de 2017, que define que “la prestación de servicios a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares referidas a juegos de azar o apuestas online, se encuentra alcanzada por el principio de ilegalidad”, aunque también rigen excepciones, como para el caso de las apuestas deportivas, habilitadas en 2002 para explotación de La Banca, y otras resoluciones más específicas emitidas recientemente.

Pero detrás de esta regulación que propone el Ministerio de Economía subyace el problema del crecimiento que ha tenido la ludopatía en el país, situación que en Cabildo Abierto ya despertó reparos.

El diputado Sebastián Cal advirtió al diario El País que entiende que “hay que ser muy cuidadosos con las modificaciones que se hagan sobre este tema”, y que en ese sentido el proyecto del Ejecutivo le parece “muy pobre”. El representante de Maldonado reconoció justamente que en su departamento, la industria de las apuestas “ha generado muchas fuentes de empleo”, pero que no por eso puede ignorarse que “hay muchas familias arruinadas por la ludopatía”, problema que por otra parte los expertos han advertido que puede tener un efecto de estallido con el regreso a la normalidad, tras dejar atrás las restricciones de la pandemia.

“Entonces, hay que ser muy cuidadosos”, remarcó el diputado. “Por el momento, veo este proyecto un tanto superfluo y creo que deberíamos trabajar con mucha seriedad para cuidar a los ciudadanos y anteponer las necesidades del pueblo uruguayo al de cualquier empresa de juego online o de azar”, agregó Cal.

Por otra parte, y aunque el asunto tampoco fue discutido en la bancada del partido que lidera Guido Manini Ríos, Cal igualmente admite que “el juego por internet puede ser más fácil de regular”, pero en esa línea también entiende que esta es una oportunidad a “aprovechar” para “hacer una ley muchísimo más completa”. Por ejemplo, propone incluir una regulación que apunte “al lavado de activos que puede haber en las apuestas”.

En paralelo, la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (FENAJU) advirtió que “la incitativa no brinda garantías para prevención de lavado de activos”.

En un comunicado, la entidad consideró que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo “creará condiciones de alto riesgo que redundarán en un aumento de la ludopatía, entre otros perjuicios significativos y nocivos”.

“Tal advertencia se basa en informes realizados por técnicos catedráticos nacionales y extranjeros durante una jornada de análisis llevada a cabo tiempo atrás en nuestro país”, destacó la FENAJU.

Desde la Federación sostienen que “el proyecto referido no contempla la experiencia internacional para la prevención del lavado de activos, que podría generarse con iniciativas como la propuesta por el propio Gobierno nacional”.

La FENAJU cuestionó que “nada se ha informado formalmente a los trabajadores sobre aspectos referidos al control y fiscalización de la actividad, entre otros puntos”. Por ello, los integrantes de la federación manifestaron su “profunda preocupación por el riesgo de pérdida de fuentes de empleo, las cuales se ven amenazas con esta clase de propuestas, las cuales no ha sido abordadas en conjunto con los funcionarios”.

Por ello, las autoridades de FENAJU “promoverán rondas de discusión a nivel parlamentario, así como también en otras instituciones políticas y sociales para abordar la temática y no se descarta el análisis de medidas de lucha”.