La principal preocupación de los funcionarios locales es la presunta vinculación de muchos de estos lugares con el lavado de activos y otras actividades ilegales que no tienen nada que ver con los juegos de azar y que utilizan las fachadas de los establecimientos para otros fines.
"Haciendo un cálculo de la cantidad de máquinas que se explotan ilegalmente ya se tiene un alto porcentaje de evasión impositiva. El país está colmado de ese tipo de actividades sin control alguno y la cantidad de dinero que mueven es millonaria", aseguró una fuente de la investigación al sitio Última Hora.
El medio de noticias paraguayo también registró las declaraciones del abogado Carlos Sacco, quien explicó que "si hay evasión impositiva por parte de las empresas, es un delito precedente al lavado".
La posibilidad de llevar adelante la pesquisa actual se da gracias a la disposición de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, quien dictaminó que cualquier unidad judicial puede perseguir estos delitos, y que deje de tener esa potestada la unidad especializada que existía previamente.
Por otro lado, todavía no se definió el nuevo fiscal para abordar la denuncia de algunos legisladores contra el titular del regulador local Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en su función.